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Ante senadores, que cuestionaron la actuación del gobierno federal en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, sostuvo ayer que “no existían ni existen facultades para que el Estado mexicano intervenga, con oportunidad, en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales. Donde la colusión, junto con los diversos problemas estructurales… derivaron en hechos tan dolorosos”. De esa manera, el responsable de la seguridad interna pretendió justificar la inacción de la Federación en Iguala antes y durante el crimen cometido contra los normalistas.
Pero la justificación de Osorio se estrella con dos hechos documentados e irrebatibles: el primero, que el gobierno federal sí tenía y tiene facultades constitucionales y legales para intervenir en Iguala porque el “crimen” que ahí “se coludió con las autoridades locales” —como él mismo dijo— era crimen organizado, delincuencia organizada, que es total y completamente facultad y fuero federal, según establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, modificada en 2009, y que en su artículo 2, menciona que si “tres personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tiene como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes: terrorismo, terrorismo internacional; (delitos) contra la salud”.
Y ahí viene el segundo hecho documentado que desmiente flagrantemente la afirmación del secretario de Gobernación: desde el 12 de junio de 2013 la Fiscalía General del Estado de Guerrero remitió a la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, y concretamente a la SEIDO, mediante los oficios 4218 y DGCAp/4345/2013, varios tomos de la averiguación previa (AP) HDI/SC/01/758/2013 sobre el homicidio de Arturo Hernández Carmona, del que se acusaba al alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Pero aún más, el 24 de abril de 2014, cinco meses antes del asesinato de los normalistas, la misma Fiscalía entregó el oficio 948 junto con la averiguación previa HD/SC/03/0470/2014 iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro del Cártel Guerreros Unidos, por el secuestro de Adolfo Salgado.
Luego, el 2 de mayo de 2014, mediante un correo electrónico del que se tiene copia, la PGR recibió copia de la declaración de Ernesto Pineda Vega sobre el asesinato de Hernández Carmona, donde Pineda, recluido en el Cereso de Acapulco, declaró, entre otras cosas: que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez (prófugo) “forman parte de la organización Guerreros Unidos”, y utilizaban a los sicarios y líderes del cártel como “su brazo armado” para secuestrar, desaparecer y matar a “innumerable número de personas (sic) y desaparecido a otras tantas”.
Pineda también proporcionó en esa declaración, de la que tuvo copia la PGR desde abril de 2014, nombres, datos, fechas y ubicación de fosas donde había enterrado a personas secuestradas y desaparecidas. Responsabilizó de su integridad al secretario de Seguridad municipal, Felipe Flores, “además de indicar que Patricia Soto, esposa del M, Mario Casarrubias, es sobrina del presidente municipal José Luis Abarca”.
¿No eran esos datos suficientes para que el gobierno federal o “el Estado mexicano”, como lo llama Osorio, ejerciera sus facultades para investigar, detener o al menos arraigar a Abarca y a su titular de seguridad que a la postre ordenarían y ejecutarían —según la versión oficial— la desaparición de los estudiantes? Tan lo eran que, derivado de las AP y declaraciones ministeriales que envió la Fiscalía de Guerrero, la SEIDO inició una averiguación previa federal SEIDO/UEIDMS/439/2014, en respuesta a la solicitud de colaboración del entonces fiscal estatal, Iñaki Blanco, al titular de la UEIDMS de la SEIDO el 16 de julio de 2014.
El inicio de esa AP federal supuso que la PGR ya estaba enterada de las denuncias contra Abarca y su esposa, tanto así que solicitaron en aquella fecha informes a su delegado estatal sobre el aseguramiento de un “narcolaboratorio” en la colonia San Miguelito, que guardaba relación con lo dicho por Ernesto Pineda, en la misma declaración donde señaló los vínculos y la “colusión” —otra palabra usada ayer por Osorio— entre Abarca y Guerreros Unidos.
Derivado de eso y muchos más documentos en poder de esta columna, y que fueron entregados a la PGR meses antes de que ocurrieran los hechos en Iguala, no se sostiene la afirmación de que “no existen ni existían facultades para que el Estado mexicano intervenga con oportunidad en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales”. Las facultades ahí estaban, las denuncias y averiguaciones también, lo que no hubo fue voluntad del gobierno federal para actuar y la tragedia sobrevino después. No mienta, secretario.
sgarciasoto@hotmail.com
