Nadie sabe exactamente por qué razón la embajada más importante y estratégica para México en su política exterior lleva casi cinco meses acéfala, sin titular y con un “encargado de despacho”. Nadie entiende, ni en el gobierno ni fuera de él, si el retraso deliberado del presidente Enrique Peña Nieto y de su Secretaría de Relaciones Exteriores para proponer un nuevo embajador en Washing-ton es parte de una “novedosa” estrategia en la relación bilateral más importante del país, si se trata de abulia o si detrás de esta dilación histórica hay otro motivo de fondo, como por ejemplo, una reacción a la dureza con que la administración Obama ha tratado a México a partir de hechos que han tensado la relación con el poderoso vecino y socio comercial.
¿Se trata de un berrinche del gobierno de México y de su presidente porque situaciones como el intenso acercamiento mexicano con China motivó una reacción airada y de descontento de la Casa Blanca que se reflejó, entre otras cosas en presiones internacionales que tiraron la licitación del tren México-Querétaro? O tiene más que ver con lo difícil que ha sido la cooperación en la lucha antidrogas en la era Peña Nieto que les quitó a los gringos los “privilegios” y “concesiones excesivas” a la soberanía que Felipe Calderón le dio a Washington y a sus agencias de seguridad en el territorio nacional?
Porque desde el 1 de diciembre de 2012 a las poderosas agencias estadounidenses que en el sexenio pasado tuvieron “manga ancha” y una permisividad injerencista en el combate al narco en México no les gustó nada que el presidente haya mandado a Washington al entonces procurador Jesús Murillo Karam a informarles que, con la nueva administración, todos sus requerimientos y peticiones ligadas a la lucha antidrogas tenían que pasar por una “ventanilla única” que era la PGR, lo que canceló de tajo las relaciones de “cooperación e intercambio de inteligencia” que de manera directa y descontrolada hacían agencias como la CIA, la DEA y hasta la NSA y el FBI con instituciones como la Secretaría de Marina, la única dependencia mexicana en quien decían confiar, pues del resto, los estadounidenses siempre han tenido dudas de corrupción.
Esa molestia inicial con la que comenzó el gobierno de Peña Nieto se agravó después con la liberación “sorpresiva”, el 26 de julio de 2013, de Rafael Caro Quintero, que alguna vez fuera el capo “más buscado” por Estados Unidos y acusado en tribunales estadounidenses del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Y aunque esas tensiones tuvieron un respiro el 22 de febrero de 2014 cuando la Casa Blanca elogió y aplaudió a detención de Joaquín El Chapo Guzmán a manos del gobierno mexicano, la reciente fuga del capo sinaloense y el ridículo monumental en que puso a la administración peñista volvió las cosas a su estado original.
Hace un par de semanas le preguntamos directamente al canciller José Antonio Meade por el motivo del retraso en el nombramiento y si éste se esperaba pronto. “Es una decisión que el presidente Peña Nieto tiene que tomar y no lo ha hecho porque no ha considerado que sea el momento. No hay todavía ninguna definición y no veo que vaya a darse pronto”, nos contestó Meade.
Ayer el grupo del PAN en el Senado cuestionó el retraso en la designación y urgió al gobierno federal a dar la “prioridad” que merece a la relación con Estados Unidos. “Resulta paradójico que mientras nosotros no contamos con embajador en Washington desde hace más de cuatro meses, la relación de Estados Unidos con Cuba mejora notablemente”, dijeron los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo. Ante tanta indefinición la pregunta se repite: ¿es berrinche o estrategia?
NOTAS INDISCRETAS… Mientras el INAI insiste en peticiones al Ejército como la que informe de “todos los casos” de tortura y abusos investigados y sancionados por el sistema de Justicia Militar, en la Defensa la posición es que “hay cosas de las que no podemos informar” y una de ellas es la investigación sobre Tlatlaya que también han pedido los comisionados del INAI y que en los altos mandos militares afirman que no entregarán “por que es una investigación en curso” y la ley dice que no puede ser revelada hasta que concluya el caso. Lo cierto es que hay tensión entre la Defensa y el Instituto…Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.
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