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Cuando aún no se esclarecen totalmente las ejecuciones de Tlatlaya y el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa cumple esta semana 10 meses sin conclusión final, dos nuevos casos ponen a la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la lupa. Al tiempo que se acusa al Ejército de endurecer sus protocolos contra protestas sociales y disparar contra civiles en Aquila, Michoacán —con saldo de al menos un niño muerto y tres heridos— y de participar en la desaparición de 7 jóvenes en Calera, Zacatecas, arrecia también el tiroteo mediático y de opinión pública contra la milicia armada por violaciones graves a derechos humanos.
Qué tan fuerte estarán calando los señalamientos contra los militares, que el propio presidente Enrique Peña Nieto dejó ayer de lado el discurso de la vergüenza y el coraje por la fuga “de fantasía” del Chapo Guzmán —Monte Rubido dixit— para salir en defensa de las Fuerzas Armadas y acusar que hay interesados en “manchar” a las instituciones castrenses. “Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas, es de reconocer, como mexicanos, que nuestro Ejército y nuestra Marina, integrada por mujeres y hombres que han surgido del pueblo, trabajen todos los días con esmero, sacrificio, dedicación en favor de los mexicanos”, mencionó Peña.
Pero la defensa presidencial chocó ayer con declaraciones y testimonios que confirmaron que sí fueron balas disparadas por los militares las que provocaron la muerte de un menor de 12 años de edad que falleció por una esquirla que le entró por la nuca y le salió por la cara, además de otros tres heridos —entre ellos una niña de seis años— cuando un convoy militar, al mando del coronel Samuel Hernández, disparó para dispersar el bloqueo de pobladores de Aquila que impidieron el paso al 68 batallón de Infantería en protesta por la detención de un líder de autodefensas de la zona.
Aunque los testimonios de personas en el lugar confirman que no se trató de “disparos directos” de los soldados contra los civiles, también señalan que al disparar sus armas al aire y contra el suelo para dispersar el bloqueo a la altura de Ixtapilla, las balas militares alcanzaron a dos adultos que protestaban sobre la carretera, mientras que las esquirlas que mataron al ñiño de 12 años e hirieron a la niña de 6 años los alcanzaron hasta sus casas a la orilla del camino.
La CNDH condenó ayer “el clima de violencia que en semanas recientes se ha vivido en algunos estados del país” y sus repercusiones en materia de derechos humanos, al tiempo que abrió expedientes por los hechos ocurridos, tanto en Michoacán como en Zacatecas, y envió visitadores para investigar la participación de militares en ambos sucesos. Junto a la CNDH, el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles, emitió una condena a la violencia en su estado y pidió esclarecer los hechos, mientras el llamado Grupo de Coordinación Michoacán ofreció también investigar y deslindar responsabilidades sobre los civiles muertos y heridos en Aquila.
En el otro caso, el de Calera en Zacatecas, la misma Sedena confirmó su investigación, a través del sistema de justicia militar, por la participación de “personal militar” en la desaparición de 7 jóvenes ocurrida en ese municipio el pasado 4 de julio. Ayer mismo se reportó la aparición de 7 cadáveres de personas asesinadas, de los cuales 6 ya habían sido identificados anoche por sus familiares como los desaparecidos, y según información difundida por el sitio de internet de El Diario NTR de Zacatecas, fuentes militares confirmaban ayer la detención del coronel Martín Pérez Reséndiz, junto con otros 3 militares del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, acusados de participar en la desaparición y presunto asesinato de los 7 jóvenes. Según esa versión, el coronel y sus subalternos estarían ya presos en una cárcel militar en el estado de Jalisco.
Así que, sin menoscabo de la labor social de las Fuerzas Armadas y de su obligada participación en la seguridad pública en zonas del país que padecen la violencia del narcotráfico, los casos de abusos y violaciones de derechos humanos tendrán que esclarecerse y castigarse. A menos que la defensa presidencial signifique también impunidad para que en su necesaria labor, los militares avasallen los derechos civiles.
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