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Es difícil encontrar en la etapa moderna del país un periodo de tanta tensión —con un tema tan incontrovertible— como el iniciado en septiembre a raíz de un nuevo ciclo de la larga crisis política impuesta por el caso Ayotzinapa. La secuela incluyó una fuerte dosis de campaña negra en contra de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, ha sido escarnecido como un mal mexicano.
La irritación por el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que derrumbó el informe oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes entre Iguala y Cocula, Guerrero, encontró un destinatario sobre el cual cebarse: Álvarez Icaza fue señalado como personaje en conflicto de interés, excedido en sus funciones, traidor a su país….
Las voces brincaron desde el gobierno, con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, hasta el Congreso, con el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, hasta crear un coro de “analistas” y “expertos”. Oyéndolos y leyéndolos, había que concluir que si tanta gente piensa lo mismo, es señal de que nadie está pensando mucho.
Pero Álvarez Icaza Longoria (ciudad de México, 1965) no parece ser una presa fácil de persecuciones estridentes. Acumula 25 años en la defensa de los derechos humanos, desde que en 1990 se incorporó al Cencos, fundado por su padre, José Álvarez Icaza, tras una larga participación en círculos de trabajo de inspiración católica. Fue por dos periodos, defensor del pueblo en el Distrito Federal. En 2011 y 2012, tuvo una participación clave en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que visibilizó el sufrimiento de millones de mexicanos a causa de la violencia.
En julio del 2012 fue electo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en medio de un proceso de reforma de la Organización de los Estados Americanos que, según agrupaciones civiles, busca debilitar las funciones de su cargo y a la propia Comisión. Álvarez Icaza ha debido encarar presiones tanto externas, de países como Venezuela y Ecuador, donde el autoritarismo ha resurgido, como internas, por la cultura de sujeción a Washington que han mostrado los sucesivos titulares de la OEA.
Cuando el clima de tensión nos acercaba al precipicio, la administración Peña Nieto dio un sensato golpe de timón y frenó una dinámica que exponía al país al aislamiento político y ético, y acercaba aún más la posibilidad de que la tragedia de los estudiantes masacrados acabara en un expediente no sólo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Corte Penal Internacional.
La tarde de ayer la procuradora de la república, Arely Gómez, precipitó el anuncio de la creación de una fiscalía para personas desaparecidas, promesa presidencial expresada días antes, pero reclamada por Naciones Unidas desde 2011 dentro de un cuerpo de 34 recomendaciones que han sido ignoradas, según una alerta generada por el propio organismo el pasado 11 de septiembre.
La cifra extraoficial de desaparecidos en México supera las 20 mil personas, que simplemente se han “desvanecido” sin que sus padres, esposas o hijos sepan nada de ellas. En muchos casos el entorno de estos hechos parece ser el crimen organizado, pero en otros hay indicios de que se puede tratar de atropellos cometidos por militares, policías federales o locales en contra de ciudadanos.
El referido reporte de la ONU sobre estas desapariciones reclamó, hace cuatro años —desde el gobierno Calderón—, mejorar los protocolos de investigación, crear un listado confiable, definir en leyes específicas el estatus de desaparecido, otorgar protección a familias, e investigar violaciones de las Fuerzas Armadas.
Es previsible que mañana al publicarse el decreto anunciado por la procuradora Gómez, nos enteremos de cuán lejos nos hallamos todavía de lo exigido por años. Es más probable que estemos ante una nueva fiscalía federal que, como otras, carecen de recursos, de base legal suficiente y, en especial, de voluntad política que les otorgue fuerza. Se convierten, por esa vía, en herramientas para hacer sin cumplir.
APUNTES: Toni Gali, el alcalde de Puebla que parece caminar hacia la candidatura de un bloque partidista encabezado por el PAN y el PRD para buscar la gubernatura del estado, encara una muy singular escalada de “fuego amigo” que puede descarrilarlo no sólo a él sino a las aspiraciones de su jefe político, el gobernador panista poblano Rafael Moreno Valle, para ser presidenciable en 2018. Ello puede representar la “joya de la corona” para el nuevo dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, si recupera el estado para el Institucional en los comicios de 2016.
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