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Roberto Campa es el funcionario de más alto rango en la administración Peña Nieto con un mandato expreso para velar por la vigencia de los derechos humanos en el país, una de las asignaturas en las que el actual gobierno arrastra mayor saldo negativo.
En un par de semanas, Campa Cifrián cumplirá dos años al frente de la subsecretaría del ramo en Gobernación. Quizá debería aprovechar tal efeméride para renunciar a su encomienda, en especial si desea mantenerse como uno de los rostros todavía presentables en la política mexicana.
Argumentos para decir adiós no le faltan. Pero sería suficiente con que invocara el fracaso sistémico —federal y estatal, dentro y fuera del país— que exhibe el irrefrenable número de periodistas asesinados en México, la impunidad que domina este problema y la nula voluntad política para enfrentarlo.
Este tema desnuda una crisis mayor que ha atrapado a Campa. Porque no es la mismo prestarse para defender la incompetencia generalizada de un sistema, que intervenir en una simulación hipócrita.
En los meses recientes la oficina de Campa ha participado en un bloqueo del Estado mexicano para evitar una nueva visita conjunta de los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, Edison Lanza y David Kaye, similar a la realizada por ambas instancias en 2010. Una nueva gestión en este ámbito, cada vez más perentoria, ha encontrado en nuestras autoridades nada más que silencio y apatía.
Los motivos de la alarma que muestran ONU y OEA están a la vista: desde el año 2000, 123 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con el registro más confiable, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al menos otros 15 están declarados desaparecidos. Cientos de atentados —torturas, vejaciones, amenazas, tiroteos— han sido perpetrados en el mismo periodo contra informadores y contra instalaciones de empresas periodísticas.
La lista negra de este fenómeno, alimentado por la complicidad oficial, se acentúa en varios estados en cuya mayoría se ha producido una alternancia en el gobierno respectivo, pero no un giro en la actitud ante este drama. Esa lista la encabeza Veracruz, seguido por Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas.
Los casos recientes más graves los registran Veracruz y Chihuahua, por el número de ataques y la gravedad de los mismos. La llegada de dos gobernadores emanados del PAN, respectivamente Miguel Ángel Yunes y Javier Corral, no ha traído cambio alguno, salvo mayor dramatismo en los discursos.
Tanto los gobiernos estatales como la administración Peña Nieto han ignorado por años el modelo de una Mesa de Seguridad y Justicia, reiteradamente propuesto por múltiples instancias, como un espacio para coordinar a los órganos del Estado en todos los niveles y a la sociedad organizada, a fin de lanzar una agenda en este ámbito.
El hartazgo del sistema de justicia internacional ante el quebranto de un principio elemental en democracia —la protección de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión—, atrajo ya los primeros pasos para imponer a México una nueva humillación, en el cuerpo de una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
El pasado domingo 2 se cumplieron 12 años de la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien laboraba en el diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora, donde había revelado la actividad de mafias del narcotráfico en la región y sus nexos con autoridades. Los reportes disponibles dan cuenta de que policías federales lo secuestraron para entregarlo a un grupo criminal que lo habría asesinado y ocultado sus restos.
El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual ha encontrado elementos para dotarlo del llamado Recurso de Admisibilidad para iniciar un proceso en contra del Estado mexicano por responsabilidad.
La desaparición de Jiménez Mota en 2005 —a los 23 años de edad— precipitó en 2006 la creación, por parte del gobierno de Vicente Fox, de lo que ahora se denomina Fiscalía Especial para Atender Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que ha tenido media docena de titulares y cuyo actual responsable, Ricardo Nájera, es un burócrata que en 20 meses no ha emprendido acción relevante alguna y confía a sus cercanos que su tarea prioritaria es aguardar su jubilación.
En 2012, en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, se creó el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, una copia directa del modelo colombiano y que depende directamente del subsecretario Campa Cifrián. Se trata de otro espacio ganado por el apetito burocrático y por la inherente batalla de egos robustos.
Hay muy poca claridad sobre su eficacia preventiva y más todavía sobre el manejo de los presupuestos encomendados. Reportes internos dan cuenta de que al menos uno de los periodistas asesinados en los meses recientes recibía la “protección” de este Mecanismo, que ha sido replicado en muchos estados con los mismos escasísimos resultados.
rockroberto@gmail.com
