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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acaba de confirmar en carne propia que el peso de los imperios que dominan al sector es suficiente para doblar a dos órganos del Estado, el Poder Ejecutivo y el Senado, que en forma casi simultánea presentaron en días pasados sendas controversias ante la Corte para frenar un polémico reglamento a la radio y la televisión.
En lugar de confirmarse como una entidad autónoma que goza de respaldo constitucional, la mayoría de los integrantes del Instituto, impulsados por su presidente, Gabriel Contreras Saldívar, reaccionaron en forma pusilánime: pudieron ratificar o incluso moderar su posición, pero exhibieron miedo: resolvieron, si bien por apretada mayoría, suspender seis meses dicho reglamento, que contiene múltiples avances en materia comercial y de servicio al público, aunque también un confuso grupo de medidas sobre contenidos, opinión y veracidad cuya aplicación podría dañar la libertad de expresión y suponer censura previa en la tarea periodística.
En un error de cálculo que ahora deben estar lamentando, los comisionados determinaron mezclar en sus llamados Lineamientos en defensa de las audiencias, restricciones mercantiles, comunes en muchos países, con preceptos que gravitan sobre coberturas informativas. En este último ámbito, tal reglamentación fue confusamente redactada, poco discutida en la esfera pública y su defensa corrió a cargo de voces inexpertas que lucieron un inquietante apetito de poder burocrático.
En conjunto, ello abrió la puerta a reclamos en los que todo se confundió, la libertad de expresión con la libertad de comercio a ultranza, lo que obligó a la intervención de la Presidencia de la República en un entorno de suyo viciado por múltiples temas, pero también seguramente bajo presión de los barones de la radio y la televisión. El Senado simplemente se trepó a esta ola, impugnando lo que esa misma cámara aprobó en 2014.
Este precedente pone en tela de duda tanto la entereza de la mayoría de los comisionados del IFT como la convicción del cuerpo político y del conjunto de la sociedad para velar por la misión del organismo. Y representa un telón de fondo para otras determinaciones que esa institución deberá tomar en las siguientes semanas, cuya gravedad hace ver el tema del malogrado reglamento como un asunto minúsculo.
Apenas el pasado 17 de enero el primer tribunal unitario de circuito especializado en el ámbito de la radiodifusión y la competencia económica —creado por la reforma constitucional del sector en 2013—, ordenó al propio IFT anular y volver a discutir un acuerdo que en septiembre de 2015 le permitió a Televisa una rápida compra de grupos de televisión por cable en el país, lo que le dio dominio de este segmento de la industria y una ventaja competitiva no sólo en servicios de televisión restringida, sino también de internet y telefonía, el llamado triple play. Ello lo dotó de poder para pelear directamente con el otro gigante en este campo: Carlos Slim.
La demanda original contra el acuerdo del IFT fue presentada desde octubre de 2015 por un grupo de empresas encabezadas por Televisión Azteca; tuvo un revés en septiembre de 2016, cuando la desechó un juzgado, pero tras una apelación obtuvo amparo judicial gracias al citado tribunal colegiado, que preside Jean Claude Tron Petit, uno de los juristas más acreditados del país y quien fungió como magistrado ponente.
Una nueva resolución del IFT, eventualmente en contra de Televisa, llevaría a declarar el denominado “poder sustancial” de esa corporación en el sector, lo que agravaría discusiones ya en curso en el organismo sobre si la compañía que preside Emilio Azcárraga Jean cuenta con “preponderancia económica” tal que distorsiona el mercado. Todo ello sumado atraería regulaciones específicas en materia de tarifas publicitarias, calidad de servicio y comercialización de contenidos, entre otras acciones. Un golpe desde el Estado que nunca ha sufrido ese grupo.
En los siguientes meses observaremos un proceso política y jurídicamente clave para el país. La Corte deberá resolver las controversias constitucionales del Ejecutivo y del Senado en contra del IFT. El máximo tribunal ya ha dejado asentadas resoluciones en donde subraya la responsabilidad y alta autoridad del Instituto, que lo dota de poderes “cuasi legislativos, cuasi ejecutivos, cuasi judiciales…”, según reza una de esas determinaciones. Quien apueste a que los ministros le darán la razón al Ejecutivo y a la Cámara baja podrían llevarse una sorpresa.
Pero la lupa central estará radicada en el propio IFT, varios de cuyos integrantes no ocultan su apego con los sujetos regulados ni su sujeción a dictados del gobierno, que muchos observadores encarnan en el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Si los comisionados no están a la altura de su mandato y de la libertad que éste les otorga, impondrán una regresión a una batalla de décadas.
rockroberto@gmail.com
