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Las semanas recientes deberán ser recordadas como el periodo en que las tres cadenas que dominan la televisión nacional se alinearon para doblegar a la autoridad e imponer su interés mercantil sobre el colectivo.
Los amos de la pantalla doblaron a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que preside el comisionado Gabriel Contreras, y de paso violaron la ley. Nada mal, pero nada extraño para un sector que desde que nació, a mediados del siglo pasado, convive en mutua dependencia con el gobierno en turno.
La causa, la difusión de series que cuentan historias donde los narcotraficantes acumulan dinero, mujeres, fama y poder y exhiben cómo en su negocio el crimen sí paga: todos quedan impunes, sólo los tontos mueren, y los grandes capos acaban retirados en paz, intocables, rodeados de lujos…
Primero ImagenTV, propiedad de la familia Vázquez Aldir, luego Azteca, de Ricardo Salinas, y finalmente Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, emprendieron el camino hacia la transmisión de narcoseries en televisión abierta y en horarios a los que tiene acceso el público infantil y juvenil.
La transmisión de contenidos como las narconovelas en televisión abierta y en el horario que hoy observan, viola, según expertos, la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como varios artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones.
La presentación de estos contenidos generó polémica social y despertó reclamos ridículamente tibios en el Congreso federal, por la vía de los legisladores Zoé Robledo y Lía Limón. La Secretaría de Gobernación pareció reaccionar y envió un apercibimiento que afectaba en principio a ImagenTv y a Televisión Azteca. Pero cuando se esperaba una resolución del Ifetel —cuyas determinaciones no pueden ser sujetas a amparo—, el asunto entró en un limbo, producto de un aparente acuerdo, tácito pero oscuro, entre los actores de esta historia. Y las transmisiones siguieron.
El mensaje final fue que la autoridad dejó cancha libre para una batalla en el mercado que tiene como plataforma a los edificantes personajes de las mafias internacionales, y en particular a los capos mexicanos, que de esos nos sobran.
Tras estar a la expectativa algunas semanas, Televisa se sumó al festín y programó en su Canal 5 La Reina del Sur, que ya había transmitido en su señal hispana Galavisión, aunque la serie apareció en las pantallas de Telemundo desde febrero de 2011. Es protagonizada por la ahora controvertida actriz Kate del Castillo. Ella encarna a Teresa Mendoza, joven amante de un piloto de avión que transporta drogas para el Cártel de Sinaloa. A punta de balazos y sensualidad, Teresa se convierte en una exitosa y trasnacional jefa mafiosa que acaba retirada, ilesa y rica, en el Mediterráneo español, según concibió el reconocido autor Arturo Pérez-Reverte.
El resultado de este entendimiento entre los amos de la pantalla y la autoridad es que esas narconovelas son hoy los programas de mayor rating en las señales respectivas, y probablemente los más lucrativos. El canal de mayor penetración de Televisa no es ya Las Estrellas, sino el Canal 5…, gracias a La Reina del Sur.
Hay otros efectos colaterales: Azteca programa su narcoserie antes del noticiero estelar de Javier Alatorre, el cual comienza regularmente con notas sangrientas, para no perder carry-over —público que recibe del programa previo. El noticiero de Denise Maerker en Televisa es sepultado al menos varios días a la semana por el impacto mezclado del espacio de Alatorre y las historias de narcotraficantes.
Estas narconovelas, han alertado expertos, constituyen una suerte de pedagogía social que ayuda a implantar en niños y jóvenes la convicción de que existe un modelo rápido y fácil para triunfar: el narcotráfico. Otras naciones, como Colombia, han descubierto que una vez que este modelo se arraiga en la comunidad, la sociedad completa corre el riesgo de pudrirse.
Más allá del mérito que pueda acumular la tarea del comisionado presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, es difícil que esa institución de nuevo cuño, rediseñada para fortalecerla precisamente ante los poderosos intereses que regula, no resulte manchada por su omisión en este caso.
Contreras Saldívar asumió el cargo en 2013 como una joven promesa que aún no cumplía los 40 años de edad, pero ha tenido que lidiar con la presión ejercida desde las oficinas donde desempeñó su anterior empleo, en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo titular, Humberto Castillejos, es tenido por un operador siempre ubicuo, con largas redes en áreas sensibles del Estado mexicano, lo mismo en el gobierno que en el Congreso o el Poder Judicial.
El mensaje final no puede ser más esquizofrénico: un país cuyo gobierno y sociedad no saben cómo vencer el ciclo violencia-muerte, pero permiten que todas las noches, desde la televisión abierta y en horario estelar, millones de sus jóvenes sean subyugados por el ejemplo de las mafias.
rockroberto@gmail.com
