A un año y medio de distancia, en este país no sabemos qué les pasó a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pero llevamos todo este tiempo suponiéndolo: fueron torturados —a uno de sus compañeros le arrancaron el rostro— y luego ejecutados y sus cuerpos quemados. Pero llevamos meses en una macabra discusión multinacional de si fueron incinerados o no en el ya tristemente célebre basurero de Cocula, por el cártel de los Guerreros Unidos.
De las pocas certezas que hay es que fueron entregados por policías municipales a los matarifes de ese grupo criminal dedicado al cultivo y proceso de la amapola en esa zona montañosa. Por eso huyeron y luego fueron detenidos el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, de familia narca, quienes, según el silencio oficial, no han aportado indicio alguno de lo que pasó en esas horas negras. A menos que hayan confesado una verdad tan horrenda que el gobierno quiera ocultarla.
La incertidumbre de este caso ha sido uno de los golpes más severos a la credibilidad e imagen del gobierno peñanietista dentro y fuera. Para empezar, es vergonzante que su Procuraduría General de la República no haya resuelto el caso ni genere la menor confianza para cerrarlo. Por eso, en él han debido intervenir hasta cinco entidades internacionales, intentando dar claridad a una indagatoria hasta ahora francamente oscura.
Peor aún, en los días recientes hemos testimoniado una serie de descalificaciones y señalamientos cruzados entre el gobierno mexicano y esas instancias, que serían de risa loca, si no se tratase de un hecho tan grave como doloroso. A ver: luego de una visita y diagnóstico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —de la que es secretario ejecutivo el denostado mexicano Emilio Álvarez Icaza— se creó el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que echó abajo aquella “verdad histórica” de los tiempos de Murillo Karam, al asegurar que había pruebas científicas de que los 43 jóvenes nunca fueron incinerados en el basurero de Cocula. Por ello, el gobierno y el GIEI acordaron un tercer peritaje de 6 expertos internacionales en fuego —proponiendo 3 cada uno— cuya conclusión es que en Cocula sí se quemaron al menos 17 cuerpos, aunque no especifica cuándo.
Además, el anuncio de este grupo ha sido duramente cuestionado porque debió hacerse primero a los padres, por lo que el GIEI ha dado por rota la relación con la PGR y el día de hoy ofrecerá una conferencia que puede ser explosiva y de confrontación total con el gobierno mexicano. También podría haber revelaciones inquietantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, que igual ha negado la quema de cuerpos en Cocula. En paralelo, el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos recibirá del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Insbruck en Austria, un sobre cerrado que abrirá en estos días, frente a los padres, con el resultado de las pruebas genéticas realizadas a los restos recuperados en el basurero de Cocula y en el cercano Río San Juan.
La pregunta es ¿cuántas verdades y cuántas mentiras más en este caso, inadmisible aun en un país medianamente civilizado?
Periodista.
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