Es tal la ferocidad con que se han disputado las candidaturas al interior de cada partido, que me parece válida una “cándida” pregunta al más puro estilo de mi cuate Hefner en Playboy: ¿para qué quieren estos hombres y mujeres gobernar sus estados?
A ver: en los 12 donde habrá elecciones este año se concentran 37 de cada cien pobres y 42% de pobres extremos en este país. Son datos de la Sedesol. Pero hay mucho más: según la Auditoría Superior de la Federación, los 12 gobiernos estatales en los que se renovarán gubernaturas heredan un saldo negro de irregularidades detectadas y no subsanadas que en conjunto asciende a 32 mil 971 millones de pesos. Un promedio de 2 mil 747 millones por estado. Aunque, desde luego, los reportes sobre los malos manejos financieros no son iguales en todas las entidades: en los cuatro años que hasta ahora se han revisado de las cuentas públicas brincan los números de Veracruz, que en el gobierno de Javier Duarte ha acumulado 18 mil 598 millones de pesos en irregularidades por justificar. Será por eso que el presidente nacional de su partido, Manlio Fabio Beltrones, ha dicho que “en Veracruz hay que corregir todo lo que se hizo mal”, intentando vacunar a su candidato Héctor Yunes, quien enfrenta un desafío gigantesco para retener el estado, deslindándose obligadamente de Duarte.
Lo más grave es que las bancarrotas que los gobernadores heredan a quienes los suceden no se originan únicamente en pésimos manejos económicos o enormes yerros administrativos, sino en gigantescos actos de corrupción que por sus dimensiones son absolutamente inocultables. ¿Cuándo ha visto usted a un ex gobernador de clase media? Por ejemplo en Nuevo León, cualquiera en la calle sabe de la inmensa fortuna que amasaron el ahora ex gobernador Rodrigo Medina y su padre, que dejaron a uno de los estados más ricos del país en una quiebra técnica. Lo que, por cierto, ha obligado al gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco a recortes brutales en el gasto y a posponer muchas de sus promesas, entre ellas, meter a la cárcel a Medina.
Hace apenas unos días, desde el Senado, Fernando Herrera, del PAN, urgió a frenar el creciente endeudamiento de estados y municipios de todo el país, que ya rebasa la escandalosa cifra de 536 mil millones de pesos. Una verdadera bomba de tiempo.
Lo más alarmante es que todo este desorden se debe a que los gobernadores —en su gran mayoría— siguen operando como señores feudales: abusan del gasto corriente —todo tipo de lujos— por encima del gasto público; ejercen a su antojo un nepotismo insultante; mantienen y heredan sus cacicazgos para cubrirse las espaldas y prolongarse en el poder; manejan arbitrariamente todas las instituciones, desde Congresos locales hasta universidades y órganos electorales. Pero, sobre todo, gozan de la más vergonzante impunidad. En Mérida, en la exclusiva zona del Paseo Montejo, es famosa la confluencia donde coinciden las mansiones de tres ex gobernadores: le llaman “el cruce de los tres ladrones”.
Lo indignante es que el saqueo sistemático de las arcas estatales —tan apetecibles para candidatos y sus partidos— es por supuesto en contra de todos y cada uno de sus habitantes. Y es una de las causas oprobiosas de pobreza y miseria.
Muy pronto vendrán las elecciones y la cándida pregunta seguirá siendo válida: ¿para qué quieren gobernar?
Periodista
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