Más allá de quién tiene la razón, en cualquier país civilizado la discusión sería vergonzante: ¿Los quemaron o no? ¿Los enterraron o no? ¿Los torturaron o no? ¿Los mataron o no? ¿Dónde están sus cuerpos?
En un nuevo episodio de la infamia, vinieron de fuera para decirnos que somos unos ineptos, unos mentirosos o unos asesinos. Ya casi un año de la noche horrenda del 26 de septiembre en Iguala. Y todavía no hemos podido respondernos qué fue lo que pasó con los 43 jóvenes normalistas.
El “Informe Ayotzinapa” de 425 páginas, con la investigación alternativa realizada por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, echa por tierra la mal llamada Verdad Histórica que hace meses proclamó el entonces procurador Jesús Murillo Karam. En éste, se denuncian numerosas omisiones, inconsistencias e ineptitudes en la investigación original de la PGR. Pero además, algunas de sus primeras conclusiones son francamente estremecedoras:
—La sospecha de que al menos uno de los camiones tomados por los estudiantes contenía droga camuflajeada por el cártel de los Guerreros Unidos, lo que explicaría la persecución y la saña brutal que originó seis asesinados a sangre fría, 20 heridos, más los 43 normalistas desaparecidos.
—Hubo nueve acciones a lo largo de esa noche en las que en diferentes momentos y con roles diversos, participaron en las agresiones o como cómplices observadores, policías municipales, estatales, pero también federales y hasta soldados del Ejército. A propósito, se descarta que los de Ayotzinapa pudieran haber sido confundidos con delincuentes.
—Pero lo más impactante ha sido la conclusión de que la supuesta quema de cuerpos en el basurero de Cocula fue imposible. O sea que nunca se realizó, según estableció la PGR en su Verdad Histórica. Los datos son escalofriantes: para incinerar los 43 cuerpos se requerían 30 mil kilos de madera o 13 mil 300 llantas ardiendo durante 60 horas.
Por supuesto que la pregunta obligada es ¿si no fueron incinerados, dónde están? Así que ante la falta de evidencias, me atrevo a afirmar que dos de los que saben qué pasó en esas horas negras están en manos del gobierno federal desde hace meses: el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Ambos ejercían como caciques de horca y cuchillo en Iguala, donde hasta el principal centro comercial les pertenecía. Nada ocurría que no supiesen. El comandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez, estaba al lado de ella en su fiesta del DIF la noche del horror. Luego, usted lo recuerda, los Abarca desaparecieron y estuvieron prófugos durante semanas; por algo sería. ¿Alguien puede creer que desde que fueron capturados en el DF el 4 de noviembre de 2014, no han aportado nada al esclarecimiento de la verdad en este caso del oprobio? ¿O será que lo revelado por los Abarca es tan terrible que el gobierno ha preferido acallarlos en una versión de Aburtos 2015?
Ahora se anuncia un nuevo encuentro del presidente Peña Nieto con los padres de los normalistas y una tercera investigación “con expertos del más alto nivel”, donde supuestamente se incluirían los del GIEI de la CIDH. A ver si es cierto. Pero si se valen sugerencias, no se hagan bolas: interroguen a los Abarca.
Periodista.
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