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Es la metáfora de la sociedad y su gobierno: un grupo de agentes participa en la tortura de un supuesto criminal. Mientras uno coloca la bolsa de plástico sobre la cabeza de la víctima, otros miran igual a como lo harían mientras el carnicero destaza el lomo de un cerdo.
No intervienen y tampoco desaprueban. Un par de individuos filma con indolencia para que el acto de crueldad logre permanecer en el tiempo. El video fue colgado en el sitio Mexicoleaks. En él se muestra que los perpetradores son integrantes de la Policía Judicial del Estado de México.
Este video podría ser prueba de que en nuestro país la tortura es persistente pero en realidad las imágenes dan cuenta de algo todavía más grande: exhiben la impunidad con que se protege a la autoridad torturadora.
Escribió el periodista Juan Martínez-Ahrens en el cotidiano El País que este episodio vuelve a poner a México ante sus cloacas (http://bit.ly/1V4II2t).
Me temo que la apreciación es inexacta. El problema es que dentro de nuestras fronteras el mal nos tiene sin cuidado. Unos están convencidos de que la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son hechos excepcionales y otros que son un problema menor que sirve para resolver cosas más graves.
En los hechos ambas justificaciones funcionan con eficacia para adormecer la conciencia.
El acto arbitrario sucedido en 2014 es una estampa perfecta de nuestro presente. Mientras una autoridad hace daño, los demás miramos con indiferencia.
No importa que el reclamo venga de un relator de la ONU y tampoco que la imagen del país se desmorone por ello en las páginas de la prensa extranjera.
Dentro de la casa creemos que el malestar social está inflado y quien denuncia es tratado como un delator con agenda inconfesable.
No hay geografía mexicana que se salve de esta realidad. Este fin de semana, la periodista Anabel Manzano publicó en aristeguinoticias.com una formidable investigación sobre la tortura en el estado de Nuevo León (http://bit.ly/1sfyLni).
Ella prueba con datos duros que, durante el mandato de Rodrigo Medina, aquella entidad alcanzó el umbral más alto del país en denuncias por tortura y otras violaciones a derechos humanos.
Entre 2007 y 2015 la Comisión Estatal de Nuevo León habría demostrado 119 casos de tortura cometidos por policías del estado y, sin embargo, en ninguno hubo sanciones.
Manzano argumenta que con frecuencia la tortura sirvió para fabricar culpables. Encontró, por ejemplo, que en el expediente de los inculpados por el incendio en el Casino Royale hay pruebas de este torcido proceder policial.
En México, la protección a los derechos humanos es un valor secundario. De ahí que todo aquel que tenga placa y uniforme cuente con permiso para hacer cuanto le venga en gana.
Es irrelevante si su arbitrariedad en los procedimientos hace que miles de culpables estén en las calles o que tantos otros inocentes hayan sido acusados por delitos que no cometieron.
Pedro Velasco Estrada, el agente de la policía judicial del Edomex que torturó a Silverio Rodríguez Martínez, ha sido apartado del cargo mientras se investiga su caso. Los demás participantes en el acto delictivo no fueron
imputados. Quedaron libres porque ellos sólo observaban cómo ocurría el suplicio.
La frase es de Aristóteles: “No basta decir la verdad, lo que conviene es mostrar la causa de la falsedad”. Hoy en México ya no basta con decir que la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial son cosa de todos los días; sería ya hora de explicar cómo es que, sin embargo, nunca pasa nada.
ZOOM: Un abuso más sin consecuencias, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los últimos tres militares involucrados en la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya. Argumenta que, como los otros cinco acusados, son inocentes de los delitos de homicidio, encubrimiento, alteración y modificación ilícita del hecho delictivo.
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