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Los periodistas José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa decidieron que, sin importar el obstáculo, debían hacer su trabajo aquella tarde.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cerró el acceso que lleva al lecho del río San Juan para explorar la zona sin contratiempo. Ese bloqueo impidió el paso a la prensa aquella tarde del domingo 28 de octubre de 2014.
Habían transcurrido ya más de treinta días desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero las autoridades aún no tenían ninguna pista sólida para conocer su paradero.
Cuarenta y ocho horas antes una llamada anónima a la Procuraduría General de la República (PGR) informó que algunos restos incinerados de los muchachos habían sido arrojados al río San Juan.
Estos datos fueron compartidos con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los periodistas guerrerenses Giménez y Rodríguez Villa supieron que agentes de la procuraduría habían acudido en número considerable al río San Juan.
Cuando la autoridad impidió el paso, los reporteros optaron por rodear el camino para llegar por otra vía al lugar bajo inspección.
Un vecino ofreció su casa para que desde ahí reportaran lo que estaba sucediendo.
Esa construcción tenía techo firme y en su parte más alta había un tanque para almacenar agua. Los periodistas montaron sobre ese tinaco y llevaron con ellos una cámara capaz de grabar a distancia.
La suerte los favoreció porque detrás suyo estaba el sol y por tanto no era posible percibirles desde el sitio donde se hallaba el personal de la AIC.
Debido a este fenómeno luminoso es que pudieron registrar con detalle cada uno de los movimientos que ahí se estaban realizando, sin que los sujetos filmados se percataran.
Registraron en video las bolsas de color gris, con restos aparentemente carbonizados, que se encontraban en el costado de un puente y que al siguiente día habrían presuntamente de ser removidas.
También grabaron al personal forense vestido de color blanco que en distintas partes de aquella geografía vegetal recogió muestras que podrían ser de huesos humanos, o quizá sólo desechos animales.
Destaca en el video la persona que organizó el operativo: Tomás Zerón de Lucio, cabeza de la AIC. En algún momento también llegó al río Mercedes Doretti, integrante del EAAF. En las imágenes ella discute con dos oficiales. Más tarde se sabría que esta perito reprobó que Zerón haya acudido al lugar sin haber informado a los argentinos.
Con ello violó el acuerdo suscrito entre la PGR y el EAAF que establece sin ambigüedad la presencia de los antropólogos forenses en absolutamente todas las diligencias.
¿Por qué Tomás Zerón no comunicó de esta diligencia precisa a sus coadyuvantes del EAAF?
¿Por qué el director de la AIC borró del expediente judicial todo registro de esa visita al río San Juan? Aún si no encontró nada relevante debió haberla consignado.
Ayer este mismo funcionario declaró que el video presentado por los periodistas está equivocado en día y horas.
El problema de su dicho es que Mercedes Doretti también estuvo ahí y puede corroborar las referencias de tiempo, modo y lugar. Y no es sólo su palabra contra la de Zerón. Había en ese escenario al menos veinte testigos más.
Pero durante la conferencia de ayer el jefe de la AIC cometió el peor de los errores: confesó con candidez haber violado la garantía de legalidad del detenido Agustín García, alias El Chereje, y también exhibió haber usurpado funciones que no le corresponden.
Zerón excarceló y trasladó a García sin que hubiera orden del Ministerio Público para ello. Llevó al inculpado al sitio sin que fuera acompañado por el MP y su abogado defensor. Y peor que todo, instruyó a los peritos para que inspeccionaran el área y se metieran al río sin que tuviera potestad para ello en ausencia del MP.
El día de ayer Tomás Zerón firmó en público su renuncia al cargo. No puede seguir siendo cabeza de la AIC un individuo que se burla con escándalo de las garantías procesales previstas por el artículo 21 de la Constitución.
ZOOM: De confirmarse la hipótesis del GIEI, Tomás Zerón de Lucio habría de ser acusado penalmente por el delito de obstrucción de la justicia. Resulta sin embargo previsible que su responsabilidad en este caso vaya más lejos.
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