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Así como la PGR procedió en contra del ex subsecretario Arturo Escobar, ¿será capaz de hacerlo ahora contra uno de los suyos?
Observado por millones de testigos, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), podría haber cometido un crimen muy serio.
El artículo 225 (fracción 8ª) del Código Penal Federal castiga con penas que van de los tres a los ocho años a los servidores públicos que hayan cometido delitos en contra de la administración de justicia; un ilícito que se define como el acto de “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia” las tareas relacionadas con la procuración de la justicia.
Si a lo anterior se añade la comisión de arbitrariedades tales como “obligar al inculpado a declarar, usando incomunicación, intimidación o tortura” (fracción 12ª) la pena sobre el funcionario se endurece considerablemente.
Todavía en septiembre de este año Tomás Zerón afirmó que eran contundentes los peritajes sobre la investigación relacionada con los normalistas de Ayotzinapa, puntualmente aquellos vinculados al lugar donde habría ocurrido la presunta incineración de sus cadáveres.
Defendió “la verdad histórica” que su jefe anterior, el ex procurador Jesús Murillo Karam, expuso ante la opinión pública y de paso desestimó las pruebas que los integrantes del GIEI —el grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la tragedia— aportaron a propósito de los supuestos hechos ocurridos en el basurero de Cocula.
Tal convicción inapelable del jefe de la AIC no sólo tuvo que ver con la intención de defender su trabajo y la responsabilidad política que conlleva. De demostrarse que en Cocula no se cremaron cuerpos humanos la noche del 26 de septiembre, será inevitable dirigir la mirada hacia la creativa autoridad que inventó “la verdad histórica” y que, al hacerlo, retardó y entorpeció la administración de justicia a propósito del hecho criminal más escandaloso que haya visto México, acaso desde la matanza de Acteal en 1994.
José Luis Torero, perito seleccionado por el GIEI para inspeccionar el basurero, afirmó —a partir de un reconocimiento acucioso sobre el suelo en el que éste se asienta— que ahí no se cremaron restos humanos.
Usando reportes meteorológicos, un documento recién entregado por la PGR argumenta de su lado que tampoco hay evidencia en la atmósfera del contundente incendio.
En otras palabras, no hay pruebas en la tierra y tampoco en el aire de que el basurero de Cocula haya sido escenario de crimen.
¿Entonces por qué hay varias personas inculpadas por haber participado en una quemazón inexistente?
En ausencia de evidencia material, la única prueba que sobreviviría son los testimonios —confesiones autoinculpatorias— de los presuntos delincuentes.
El GIEI ha dado también a conocer en sus informes que tales testimonios son débiles porque pudieron haber sido obtenidos mediante tortura. Dice contar con evidencia suficiente sobre la arbitrariedad y violencia con que se obtuvieron.
Si se comprobase lo dicho, la autoridad habría obrado “maliciosamente” para obligar a declarar “usando incomunicación, intimidación y tortura”.
Después de un año y dos meses de ocurrida la tragedia en Iguala cabe imaginar que la investigación sobre la suerte de los 43 estudiantes terminará extraviándose en el hoyo negro de la impunidad que caracteriza a la justicia mexicana. Y habrá sido así por responsabilidad directa de los servidores públicos a quienes se encargó la investigación.
¿Será que esa misma fuerza magnética de la impunidad aparte también a Tomás Zerón de visitar la cárcel?
ZOOM: La fiscal Arely Gómez tiene la encomienda de fundar una nueva procuraduría para la República. Su misión más importante es demostrar que la oficina donde despacha dejará de ser un instrumento de la política para serlo de la justicia. El caso de los normalistas desaparecidos merecería una administración de justicia donde nadie pueda estar por encima del artículo 225 del Código Penal Federal.
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