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Es la ruta más rápida para despenalizar la producción de la marihuana. Salvo que suceda un hecho extraordinario, esta semana la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un fallo histórico y luego la política de drogas del gobierno mexicano tendrá que cambiar.
Aquí el antecedente: la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) está integrada por un grupo de personas que quiere dedicarse a producir marihuana para el consumo exclusivo de sus asociados.
Tal organización acudió ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitando que autorizara legalmente su actividad. La autoridad negó tal petición porque la Ley General de Salud define como ilícita la producción del cannabis.
Smart contrató entonces al abogado litigante Andrés Aguinaco para que interpusiera un amparo contra lo que consideró un acto adverso a la Constitución.
Ese recurso fue a dar a las manos de uno de los ministros más liberales de la Corte: Arturo Zaldívar. En su estilo siempre robusto, este juzgador concedió razón con un proyecto donde se argumenta que los integrantes de Smart están protegidos por varios derechos superiores en jerarquía a la norma utilizada por Cofepris.
El principal razonamiento del ministro tiene que ver con la libertad de conciencia: cada persona debe poder tomar —rindiendo cuentas a sí misma y como mejor juzgue— todas aquellas decisiones relativas a la vida propia y al desarrollo de la personalidad; siempre y cuando al hacerlo así no se afecten derechos de terceros.
Valorando la solicitud de amparo en sus méritos, el propósito del club de autoconsumo no atentaría contra terceros y sin embargo sí ampliaría el arco de libertades de sus integrantes.
La inteligencia jurídica detrás del litigio hace prever que el miércoles próximo Smart se salga con la suya. Y después de esta organización, todo aquel grupo de productores de cannabis que desee organizarse de una manera similar y esté dispuesto a recurrir a la ley por la vía del amparo.
Es previsible que esta resolución conduzca luego a que los congresos locales legislen en coincidencia.
Si se revisa la trayectoria de los cinco ministros que integran la Primera Sala, cabe calcular que cuatro de ellos votarán respaldando el proyecto del ministro ponente: José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y obviamente Arturo Zaldívar. Únicamente Jorge Pardo Rebolledo emitiría una opinión en sentido contrario.
Sin embargo Aguinaco y Smart no deben cantar victoria. Puede darse el caso que una de esas cinco personas solicite que, en vez de la Primera Sala, sea en el pleno de la SCJN donde se resuelva un tema tan relevante.
Ésta podría haber sido la razón por la cual se retrasó una discusión originalmente prevista para la semana anterior.
Quien solicitara patear el balón hacia la cancha más grande dirá que el asunto lo merece, pero en realidad estaría trabajando a favor del equipo más conservador. Tal proceder sólo podría justificarse en el caso de Pardo Rebolledo.
De llegar al pleno, la votación sería incierta. Si bien Zaldívar podría conseguir mayoría —seis de los once votos indispensables— dadas las presiones políticas ahí no habría profecía ni escenario definitivos.
ZOOM: Curiosa coincidencia que este debate tenga lugar al mismo tiempo que ocurre el proceso de sucesión de dos ministros liberales dentro de la SCJN (Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero).
De no resolverse en la Primera Sala, la legalización de la producción de cannabis a partir de clubes de autoconsumo será el expediente que estrene a los nuevos integrantes. En este contexto, ¿a qué candidatos propondrá Enrique Peña Nieto cuando ha declarado antes que está personalmente en contra de la legalización de la marihuana?
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