Hay miserias humanas que son peores que otras. Robarse el dinero del contribuyente es miserable, pero mucho peor es hacerlo con el dinero que debió haberse destinado a curar o a salvar vidas.
El descenso moral de los políticos y los funcionarios mexicanos es cada día más detestable. Si por algo el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa merece el repudio eterno de sus compatriotas es por la manera como dilapidó los recursos que la Federación le entregó para construir y equipar hospitales o para comprar medicinas.
Esta simulación será siempre histórica porque, dada su vileza, resulta difícil de superar.
Sin embargo Veracruz no es excepción sino norma. El gobierno del Estado de México —encabezado por el priísta Eruviel Ávila— tampoco ha logrado explicar qué hizo, durante el año 2016, con más de 900 millones de pesos del Seguro Popular.
A esta cantidad han de sumarse 8 mil millones de pesos que a la fecha andan perdidos en Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco.
La fuente es Gabriel O’Shea, cabeza del Seguro Popular quien se expresa muy alarmado por el quebranto (Reforma 06/08/17).
Dice el funcionario que la cuestión es tan grave que ya acudió ante la Auditoría Superior de la Federación y también a la Secretaría de la Función Pública para que se proceda contra los responsables.
Con irregularidades y desfalcos de esa dimensión cabe preguntarle a este funcionario por qué no ha visitado también al Procurador General de la República.
Pronto tendremos que reconocer que el Seguro Popular fue uno de los mayores fraudes que la política haya entregado a los mexicanos. Trece años después de su creación no hay manera de reivindicarlo.
En casi todos los indicadores muestra ineficacia, insuficiencia, asimetrías y problemas graves de operación.
Los hospitales que reciben recursos de ese instrumento financiero son probablemente los peores de todo el sistema de salud.
Una de cada tres recetas médicas no pueden ser surtidas por insuficiencia de inventarios. Algo similar ocurre con las camas, los médicos o las enfermeras. Faltan profesionales, infraestructura y equipo para cubrir la demanda de los 54 millones de afiliados.
La escasez de enfermeras en el país es un dato notable. Mientras en las naciones integrantes de la OCDE, el promedio es de 9 enfermeras por cada mil personas, en México solo hay 2.6 por cada mil. En cuanto a las camas el rezago también es alarmante. Solo contamos con 1.6 camas por cada mil habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 4.8.
A los afiliados del Seguro Popular más les vale no sufrir un infarto después de los sesenta años porque en tal caso esta instancia les dará la espalda.
El Seguro Popular tampoco protege de accidentes cardiovasculares, no ofrece diálisis a quienes padecen insuficiencia renal, es indiferente con respecto a los pacientes que tienen esclerosis múltiple y también con respecto a los enfermos con cáncer de pulmón.
Contrasta sin embargo que, desde el punto de vista administrativo, nuestro Sistema Nacional de Salud sea uno de los más caros. Su burocracia devora uno de cada diez pesos asignados por el presupuesto. En promedio, países similares al nuestro tienen gastos administrativos 40% más baratos.
A 13 años de haberse creado, el Seguro Popular está en crisis. Urge mirar de frente lo que ahí está ocurriendo. Es miserable que –en vez de salvar vidas— nuestros impuestos se dediquen a enriquecer corruptos y crecer las desigualdades.
ZOOM:
“Sin una reforma del largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado (y) con inequidades marcadas en el acceso y la calidad.” La sentencia es de la OCDE: Estudios sobre los Sistemas de Salud, (México 2016).
@ricardomraphael
