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Los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos.
A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el gobierno federal distrajo del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guarda sus recursos. De este segundo hecho se sabe poco y sin embargo es tanto o más grave que el primero.
Revisando la cuenta pública de 2015 la ASF detectó irregularidades en la mayoría de las entidades federativas. Sus respectivas tesorerías transfirieron una enorme cantidad de recursos del Seguro Popular —13 mil millones de pesos— a diversas cuentas bancarias desvinculadas de este programa.
Un año después la ASF topó con el mismo patrón. 28 de las 31 entidades federativas exhibieron malos manejos por 6 mil 500 millones de pesos, sin que sus respectivos gobiernos pudieran decir en qué se habían gastado el dinero, ni contaran con documentos comprobatorios.
A la fecha, Gabriel O’Shea —cabeza del Seguro Popular— sigue peleando, vía la ASF y la Secretaría de la Función Pública, para recuperar lo extraviado.
Es sin embargo menos conocido el hecho de que el gobierno federal haya incurrido en prácticas equiparables. Entre 2014 y 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró del fideicomiso donde se guardan los dineros del Seguro Popular alrededor de 13 mil millones de pesos para destinarlos a otros propósitos.
Es falso que sólo los estados hayan manejado estos fondos de manera irregular. También la Federación se metió con recursos que no debía.
Durante el periodo mencionado, la SHCP impuso un recorte presupuestal grande para sortear las presiones que se recargaron sobre las finanzas públicas, a partir de la caída en los precios internacionales del petróleo.
Sin embargo, una cosa era recortar el gasto y otra meterle mano a los ahorros que los mexicanos veníamos haciendo para financiar el Seguro Popular. Si se revisan con cuidado las reglas de operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud —la alcancía del Seguro Popular— no aparece en ningún lugar autorización para que la SHCP retire las aportaciones que la Federación hizo previamente.
Lo que se da no se quita pero esa Secretaría y el Comité Técnico del fideicomiso tomaron la decisión de sustraer 13 mil millones que no han reintegrado aún.
El Fiduciario, Banobras —institución entonces dirigida por el gobernador electo del Edomex, Alfredo del Mazo Maza— no debió haber devuelto ese dinero a la Federación. Fue un acto contrario a las normas.
Esos 13 mil millones son ahorros que el Seguro Popular venía acumulando desde el 2004, cuando tal fideicomiso fue creado. De acuerdo con sus reglas de operación tales recursos únicamente podían utilizarse para financiar infraestructura hospitalaria, equipamiento o gastos catastróficos erogados por las instancias afiliadas al Seguro Popular.
Por desgracia en México los fideicomisos donde se almacenan recursos presupuestarios continúan siendo un instrumento arbitrario para mover los dineros públicos sin tener que rendirle cuentas a nadie.
¿Cuándo regresará la Federación estos recursos al Seguro Popular?
La pregunta es relevante porque, de haber contado con ellos, esa institución podría hoy, por ejemplo, promover servicios de diálisis para los enfermos renales o hacer que se atiendan a las personas que padecen enfermedades cardiovasculares.
Servirían también para contratar más enfermeras y para equipar con un mayor número de camas a los hospitales que hoy sufren gran escasez.
Lo peor del caso es que —como están las cuentas en ese fideicomiso— el Seguro Popular terminará cerrando sus puertas antes de 2023. De no resolver el monumental quebranto, habrán sido los gobernantes irresponsables de los estados, pero sobre todo de la Federación, quienes cancelaron el derecho constitucional que los mexicanos tenemos a la salud.
ZOOM: Los fideicomisos del gobierno federal son el principal instrumento de la impunidad presupuestaria mexicana. O más precisamente, son el pase del mago que permite distraer y desaparecer recursos públicos cuantiosos.
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