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El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido denunciado por espiar ciudadanos. El martes pasado, diez organizaciones de la sociedad, con reputación y peso político dentro y fuera del país, anunciaron que por esta razón habían perdido confianza en su administración.
“No es posible que estemos sentados a la mesa con quien nos espía (y) que no tengamos condiciones de confianza,” explicó Tomás Severino. Entre las organizaciones que acusaron al gobierno federal están Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19, Cidac, Imco, Gesoc y el Observatorio Nacional Ciudadano.
Todas han jugado un papel relevante en la construcción del sistema anticorrupción, las leyes de transparencia y rendición de cuentas, así como en la defensa de la libertad de expresión.
La gravedad de sus imputaciones no puede pasar desapercibida. Los directivos de estas instancias anunciaron que abandonarían su participación en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) porque la autoridad no atiende las denuncias a propósito de los ciberataques y el ciberespionaje.
En febrero de este año el diario New York Times dio a conocer que tres ciudadanos muy vocales a favor del impuesto sobre los refrescos —Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo— habían sido agredidos en su privacidad a través de un programa de rastreo llamado Pegasus.
Gracias a una investigación realizada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, obtuvieron indicios de que instancias del gobierno federal estaban detrás de tales ataques. Resulta que el programa Pegasus fue adquirido en México por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
Desde que esta información se hizo pública, las organizaciones participantes en la AGA solicitaron a la oficina de la Presidencia y a la Secretaría de la Función Pública que investigaran los hallazgos.
Más de noventa días han transcurrido desde entonces y sin embargo el gobierno federal no ha dado respuesta. Explica Haydee Pérez, directora de Fundar, que es sobre todo por la negligencia exhibida ante el tema que las organizaciones optaron por separarse de la Alianza y decidieron también escalar la denuncia hacia el ámbito internacional.
El daño que este hecho puede causar a la imagen de México es grande porque la AGA es una iniciativa global en la cual nuestro país había tratado de jugar un papel protagónico.
Hay que decir que la denuncia presentada el martes pasado fue más allá de los casos mencionados. Juan Pardinas, director del Imco, advirtió que, además del espionaje, el gobierno federal está realizando auditorías fiscales selectivas con propósitos igualmente políticos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es cada día más larga la lista de organizaciones que perciben como persecutorios los requerimientos de Hacienda. Argumentan que no parece haber azar o coincidencia entre el activismo relacionado con ciertos temas delicados y que el SAT se estacione durante varias semanas en las oficinas de las organizaciones de la sociedad.
Un caso emblemático fue la mención que el senador del PRI-PVEM, Carlos Puente, hizo pública en la Cámara de Senadores a propósito del sueldo percibido por el director del Centro Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas, para descalificar su posición en contra del nombramiento de Paloma Merodio dentro del Inegi. El dato sobre el monto exacto de ese ingreso solo pudo ser obtenido violando el derecho a la protección de los datos personales del afectado.
ZOOM: tanto el SAT como Gobernación (Cisen) están dedicados a perseguir ciudadanos cuyo pecado principal es exigir de manera profesional que nuestra democracia funcione mejor. Si así se espía en tiempos no electorales, cabe suponer desde ahora el horror que se vendrá durante las campañas de 2018.
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