La imagen deja sin aliento: el tiro de un militar contra la cabeza de un civil arrodillado. Supuesto huachicolero abatido sin razón ni ley.
Imposible quitarse la escena una vez que ha sido vista. Se queda en la retina. Pero aún no es posible todavía verificar la autenticidad del material. Todavía hace falta una investigación rigurosa que despeje lo falso de lo verdadero en esa representación del terror.
Mientras tanto una autopsia a las reacciones y justificaciones del video merece un lugar. Ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado que no debe pasar desapercibido. Comienza diciendo que el video muestra “los momentos en que el personal militar es agredido con disparos de arma de fuego desde diversos vehículos.”
En estas primeras líneas son creíbles las tomas que habría realizado una cámara de seguridad. No están fabricadas ni asoman dudas. El personal militar fue agredido y punto. Esa redacción olvida el condicional y prescinde de términos cautelosos como “presunto” o “supuesto.”
Todo cambia sin embargo a partir del segundo párrafo. Cuando el comunicado hace referencia al punto clave de la secuencia de imágenes —el tiro militar que hace estallar el cráneo de un ser humano— el tono y la redacción se transforman:
“Al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil sometido … debe ser aclarado por un Ministerio Público … para determinar si es auténtico o editado y, en su caso, deslindar responsabilidades.”
Llama la atención la distancia entre una redacción y otra porque la presunción de inocencia debería correr por igual para todas las partes. ¿Por qué se da por sentado que el personal militar fue agredido y se pone en duda el cruel disparo contra el civil arrodillado?
La sospecha sobre un video trucado o editado debería poner en duda todas las aseveraciones. Cabe sin embargo temer que la redacción sesgada sea línea de comunicación de lo que vendrá después. No sería la primera ocasión que esa dependencia presenta como víctima al victimario y como victimario a la víctima.
Ya circula información buscando desacreditar a Cambio, el medio poblano que dio a conocer el video. Se trata un recurso sobado y sin embargo vigente.
La primera pregunta de la investigación es por el destino de ese presunto cadáver. ¿Hubo otros asesinatos? ¿Dónde están esos restos? ¿De quién eran los vehículos que aparecen en el video? ¿Eran realmente huachicoleras las personas agredidas? ¿Qué armas se utilizaron? ¿Cuáles son los nombres de los militares que participaron en estos hechos?
Es por justicia que esta investigación se vuelve relevante, pero también lo es por razones políticas.
Si el video fuera auténtico la Sedena y el gobierno de Puebla mintieron. La disputa armada entre huachicoleros y la policía militar publicitada el pasado 3 de mayo habría sido un cuento chino.
Pero hay un motivo político todavía más importante: si el video fuera auténtico se convertirá en la bala asesina de la iniciativa de ley en materia de seguridad interior que quiere arrojar un amplio velo de impunidad sobre las Fuerzas Armadas.
ZOOM: dos autoridades son las responsables de celebrar esta investigación crucial: la justicia militar y la Procuraduría General de la República. Me gustaría creer en su imparcialidad pero no puedo.
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