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El Poder Judicial en México está sometido. Los gobernadores de cada entidad nombran a los jueces y así obtienen lealtad inopinada de quienes imparten justicia.
La independencia de este Poder no existe y la política sigue siendo en México más relevante que la ley.
El mecanismo de control es sencillo. El gobernador pone al presidente del Tribunal Superior en cada entidad y éste, a su vez, nombra a los jueces, a través de su respectivo Consejo de la Judicatura.
Si el juez se insubordina será removido como castigo por no obedecer. Es decir que el control político sobre los jueces sigue operando gracias al poder del nombramiento: quien nombra manada.
La carrera de los jueces es manipulada para obligar a que las sentencias salgan en el mismo sentido que instruyen las cabezas del sistema.
Tal como paradójicamente escribió en estas páginas Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: “(el) reconocimiento … de la independencia judicial como uno de los elementos necesarios para transitar al Estado liberal, no ha tenido impacto en el pensamiento contemporáneo” (EL UNIVERSAL 02/03/2017).
El problema radica en que políticos, ministros y magistrados no creen en la independencia de los jueces. No se enteran aún de aquello que Luigi Ferrajoli escribió desde los años noventa: la autonomía no debe radicar en el conjunto del Poder Judicial sino en la independencia de cada uno de los jueces que lo integran.
En México, bajo el pretexto de la supuesta autonomía del Poder Judicial, se instruye a los jueces sobre el sentido en que han de emitir sus fallos y sentencias, a partir de la cabeza de los tribunales.
Desde la parte más elevada de la pirámide se define la dirección de la justicia, independientemente de lo que diga el Derecho.
Los abogados de los clientes más ricos saben que en México es posible comprar una resolución favorable siempre y cuando tengan capacidad de hablar con los verdaderos dueños del sistema judicial.
Una buena cena en un restorán caro suele ser más influyente para la impartición de justicia que todos los artículos dispuestos por la Constitución y las leyes.
Por eso en nuestro país no tenemos buenos jueces ni abogados, sino diestros y gordos publirrelacionistas.
Frente a esta realidad, la nueva Constitución de la CDMX propuso cambiar el método de nombramiento para jueces y magistrados. En vez de que sea desde la presidencia del Tribunal Superior donde se defina la carrera de los juzgadores, se buscó que el nombramiento de los jueces deje atrás la manipulación política.
Esta Constitución prevé que el órgano legislativo de la CDMX elija un a grupo de ciudadanos, el cual, a su vez, nombraría a los integrantes del Consejo local de la Judicatura. Este último órgano sería responsable de seleccionar a los jueces de la capital y gestionar su carrera.
Gracias a este mecanismo quedaría fuera del procedimiento para nombrar jueces el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
La gran innovación radica en que Edgar Elías Azar dejará de ser quien decide sobre la trayectoria de los juzgadores capitalinos. Los jueces en la CDMX no le deberán más a este señor su nombramiento.
Por tal razón este poderosísimo personaje está furioso con la nueva Constitución chilanga. No puede creer que le hayan arrebatado el inmenso poder que tenía antes en sus manos.
Azar quiere promover un recurso para que la Suprema Corte de Justicia eche abajo el mecanismo dispuesto por el Constituyente capitalino. Busca por encima de todo guardar para sí el privilegio de nombrar a los juzgadores porque sabe el enorme negocio que esa potestad significa.
ZOOM: Si el mecanismo previsto en la Constitución de la CDMX prospera, pronto el resto de los Poderes Judiciales locales podrían librarse de la subordinación impuesta por los gobernadores de cada entidad. Así de importante es lo que está en juego en esta discusión.
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