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La Procuraduría General de la República perdonó a Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En vez de acusarlo por obstruir la justicia, la PGR sacó una pálida tarjeta amarilla para sancionarlo por una falta técnica sin importancia.
El martes de la semana pasada la investigación sobre el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa echó de nuevo varios pasos en reversa. Fue más importante —otra vez— cubrir a los responsables de descarrilar la ley que resolver el caso penal más relevante de la historia mexicana reciente.
Justicia de cuates para Zerón e injusticia a secas para las víctimas desaparecidas.
El día que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su último reporte se denunció con evidencia incontrovertible que el señor Tomás Zerón —junto con un nutrido grupo de peritos y un supuesto testigo de los hechos— visitó el lecho del Río San Juan el día 28 de octubre de 2014.
Sin embargo, casualmente se cometió un olvido a la hora de registrar esta diligencia en el expediente judicial. Un día después ahí mismo aparecieron los restos de Alexander Mora. Ya que ningún otro resto de ningún otro normalista ha sido encontrado por la autoridad, ese pedazo de hueso se convirtió en pieza principal de la investigación.
Desde que el GIEI denunció a Zerón, los padres de las víctimas alimentan la sospecha de que ese señor sembró evidencia con el propósito deliberado de fabricar una verdad política asentada sobre pruebas falsas.
Consciente de la desconfianza que el episodio arrojó sobre la actuación de la PGR, Arely Gómez, la entonces procuradora, instruyó en mayo de 2014 al visitador Cesar Alejandro Chávez Flores para que investigara al investigador.
También prometió a los padres de los normalistas que, de encontrar irregularidades en el proceder de Zerón, habría consecuencias graves para él.
Tres meses después Chávez confirmó irregularidades serias cometidas desde el 26 hasta el 29 de octubre de 2014. Además del olvido sobre el registro de la actuación, entre las faltas más relevantes de Zerón está la excarcelación del supuesto testigo que condujo a que la autoridad visitara el lecho del Río San Juan.
Después de sufrir tortura confirmada, Agustín García Reyes, alias El Chereje, fue trasladado a Guerrero mediante oficio falso, sin instrucción válida del Ministerio Público y sin compañía de su abogado defensor.
Los peritos de la procuraduría tampoco recibieron autorización del MP para inspeccionar la zona. Además dieron la espalda a los protocolos previstos, contaminaron la escena del crimen y clasificaron erróneamente evidencia que habría podido ser importante.
Con los argumentos del visitador Chávez se refuerzan las dudas expresadas por los padres y sus abogados: los restos de Alexander Mora podrían haber sido sembrados para desviar el curso de la investigación.
El informe de Chávez fue entregado en agosto del año pasado a la ex procuradora. Días después el visitador fue despedido y poco más tarde Arely Gómez fue removida de su cargo. Enrique Peña Nieto la nombró secretaria de la Función Pública y a Tomás Zerón lo premió con una oficina contigua a la casa presidencial.
El capítulo posterior de esta lamentable historia lo aportó el martes pasado Adriana Campos López, quien sustituyó a Chávez como visitadora en la PGR. A pesar de la evidencia aportada por dos informes distintos —el del GIEI y del visitador anterior— Campos resolvió que Zerón de Lucio actuó conforme a derecho —cometiendo a caso una breve falta técnico-administrativa cuando olvidó registrar en el expediente la visita del 28 de octubre.
ZOOM: No será en esta administración que conoceremos el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No hay condiciones políticas para que se produzca verdad jurídica a propósito de este caso. Y sin embargo, un día sabremos; que no les quepa duda a los responsables: un día sabremos.
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