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La propuesta vino del procurador y el Presidente concedió. Hace diez días se reunieron y ahí se lo advirtió: la ruta prevista por la Constitución para nombrar al primer fiscal de la República es intransitable.
Enrique Peña Nieto escuchó los argumentos y Raúl Cervantes compartió el reclamo escuchado desde el primer día en que lo nombraron cabeza de la PGR.
Muy pocos actores fuera del gobierno están dispuestos a trabajar en el diseño de la Fiscalía General si el actual procurador va a ocupar —en automático— la silla del fiscal.
El problema, explicó, es que no hay manera de reformar la Procuraduría y luego conducirla hacia su reencarnación sin el apoyo y la legitimidad de las organizaciones sociales más activas en los temas de derechos humanos y también aquellas dedicadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La PGR es una de las instituciones más desprestigiadas en México. Se percibe como causa principal de la impunidad. Junto con la policía, el Ministerio Público es uno de los órganos con mayor descrédito. Lo mismo pasa con otras instancias como la Agencia de Investigación Criminal o los servicios periciales.
Si hoy es alarmante el caos, resulta francamente aterrador lo que puede suceder con la procuración de justicia en los años por venir. Todos los diagnósticos que existen exhiben a una PGR sin capacidades humanas ni técnicas para operar en el nuevo sistema penal adversarial.
Es en este contexto que la PGR está obligada a pedir prestados, de la academia y la sociedad civil, todo el apoyo y toda la legitimidad que sean posibles. Sin ese préstamo la futura fiscalía nacerá quebrada.
La clave es la confianza que se vaya construyendo alrededor de la nueva institución y ese es un capital muy difícil de obtener. Sólo algunos liderazgos sociales pueden proporcionarlo porque han obtenido prestigio defendiendo temas y causas relevantes en los últimos años.
Cervantes insistió: obtener esa confianza es un tema de Estado. Propuso entonces conceder al reclamo como un acto de buena voluntad para sembrar credibilidad.
Peña Nieto no respondió en ese momento a la petición. Prometió reflexionarlo.
Los fantasmas brasileño y guatemalteco debieron rondar su cabeza. En Brasil fueron los fiscales autónomos quienes derrocaron a Dilma Rousseff y hoy persiguen a Luiz Inácio Lula da Silva.
Mientras tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Procuraduría Nacional de Guatemala combatieron al presidente Otto Pérez Molina hasta conseguir su renuncia.
La decisión presidencial no debió ser fácil: mantener la ruta para nombrar al próximo fiscal con el riesgo de que la fiscalía nazca muerta, o bien reformar la Constitución para abonar confianza, aunque con ello se abra la puerta para que un adversario político ocupe el cargo.
Transcurrió poco más de una semana desde la conversación con Cervantes hasta que, el pasado martes, el Presidente envió una iniciativa al Senado con la solución planteada.
Cada tema por sus méritos: en éste, Peña Nieto reconsideró con sentido de Estado.
ZOOM: El PRD y el PAN quieren ir por una reforma constitucional que vaya más allá del tema del nombramiento del fiscal general. Ahora que el Presidente abrió la puerta para la negociación, cabe que todo el diseño de esta institución se someta a un debate amplio, el cual podría implicar no una, sino muchas reformas a la Carta Magna.
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