La persona que ocupará la silla del primer fiscal general de la República (FGR) debe despertar el máximo respeto social posible o de lo contrario esa institución nacerá derrotada.
De nada sirve que la Constitución diga que ese órgano será autónomo si no es percibido así. Es también inútil dotar de un diseño perfecto y traer a las oficinas a los mejores talentos si se valora que la cabeza de la institución responderá a intereses oscuros.
Por esta razón hoy crece un gran malestar dentro de los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad. La ruta prevista por la Constitución para elegir al próximo fiscal es contraria a la obtención de la legitimidad indispensable.
A principios de 2014 el Legislativo mexicano reformó la Carta Magna para desaparecer la Procuraduría General de la República (PGR) y sustituirla con la FGR. Instruyó igualmente para que el Ejecutivo elaborara una iniciativa de ley secundaria donde habrá de establecerse el diseño de esta nueva institución.
Mientras esto ocurría una mano mañosa sembró el problema que hoy provoca ruido y desconfianza.
Un artículo transitorio previó que la persona a cargo de la procuraduría el día en que se publique la ley se convertirá en automático en el primer fiscal general.
El problema se hizo evidente cuando el presidente Enrique Peña Nieto propuso a Raúl Cervantes Andrade como procurador y, en un proceso veloz y sin debate sustantivo, el Senado lo ratificó.
¿Es Cervantes el próximo fiscal general de la República?
No lo será sólo si una de dos puertas se abren: que se vuelva a reformar la Constitución para modificar el transitorio o que el presidente nombre a otra persona antes de que la ley secundaria sea publicada.
Los líderes parlamentarios de la oposición han estado discutiendo en estos días la primera opción que, con franqueza, se antoja políticamente difícil. No hay condiciones para modificar de nuevo la Carta Magna y asegurar la mayoría requerida en el Congreso y las legislaturas locales.
Con los pies en la tierra sólo la segunda opción es viable: que Cervantes Andrade deje la PGR antes de la declaratoria de ley y su candidatura sea sometida a la deliberación pública, en igualdad de condiciones, junto con otras varias.
Sólo así podrá producirse una conversación moral y rigurosa a propósito de las características, las habilidades, la trayectoria y el talento que se necesitarán para conducir una institución que, por cierto, el día de hoy ni siquiera está esbozada.
Lo lógico hubiera sido primero tener la ley y luego al fiscal. En cambio la ruta actual es vía directa y sin escalas para el desastre.
Diversas voces le han pedido a Raúl Cervantes que se comprometa a renunciar antes de que la ley orgánica de la FGR llegue al Diario Oficial de la Federación.
Tengo para mí que él no es el interlocutor para recibir esta exigencia. El Presidente lo propuso y el Presidente es quien debe pedirle la salida.
Por eso tal demanda debería dirigirse al jefe del Ejecutivo.
A Enrique Peña Nieto le gustan los actos ante notario; pues le haría mucho bien a la legitimidad y fuerza ética de la futura Fiscalía si se compromete a dejar vacante el asiento del procurador, en vez de consumar un nombramiento que nacerá maltrecho.
Este compromiso no implica que Cervantes Andrade quede inhabilitado para ser candidato a fiscal. Habría de tener derecho como cualquier otro aspirante.
No sobra precisar que contaría con ventaja si hace bien la tarea en el diseño de la Fiscalía y trabaja honorablemente con los partidos y las organizaciones de la sociedad preocupadas por los temas de derechos humanos, corrupción e impunidad.
El tema merece visión de futuro. Si el próximo fiscal no surge de una auscultación prudente, ponderada, razonable y exigente es infantil suponer que durará en su encargo los nueve años previstos por la Constitución.
A menos que provenga de las filas del PRI, quien ocupe la Presidencia después de 2018 hará lo mismo que antes hicieron otros gobernadores como el de Jalisco, Quintana Roo o Chihuahua: echar abajo el desastre heredado por sus antecesores.
ZOOM: el procurador hará una mejor ley si sabe que al final del camino será evaluado por su desempeño. La sociedad acompañará esa tarea si de antemano no la obligan a firmar un cheque en blanco. Un acuerdo político público del Presidente, creíble y con testigos de calidad, puede hacer que ambas cosas sean posibles.
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