Más Información
Dijo el presidente Enrique Peña Nieto que no está sujeta a negociación. Declaró Aurelio Nuño que no es el problema, sino la solución. La disidencia magisterial quiere abrogarla. El sector privado exige al gobierno que no dé un paso atrás. Morena y López Obrador la usan para hacer campaña presidencial. La Policía Federal optó por la pólvora para imponerla. En Nochixtlán ya hubo muertos por ella.
Me temo que la reforma educativa aprobada en 2013 está sobrevalorada. Se exageran sus méritos porque no es la reforma definitiva, no es educativa, ni es tampoco laboral. Además es falso que sea privatizadora.
Las modificaciones constitucionales y legales de 2013 relativas a la educación básica representaron apenas el primer eslabón de un cambio largo y difícil. Son modestas, porque en ellas no se incluyó la discusión pedagógica, tampoco el modelo escolar, ni se definió el perfil idóneo de los docentes, mucho menos el tipo de formación o competencias que deberían poseer los maestros. Vamos, no previó siquiera el perfil de egresado que debe producir la educación básica en México.
La mal llamada reforma educativa es limitada, porque se redujo a dos propósitos: el primero fue otorgarle autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) para que las presiones políticas —sobre todo las originadas en SEP— no atentaran contra una tarea que debe ser eminentemente técnica: la evaluación.
El segundo objetivo fue arrancarle el control en la asignación de las plazas docentes al liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No era conveniente seguir utilizando sólo criterios políticos-sindicales para el ingreso y la permanencia de los maestros.
No obstante la relevancia de ambos objetivos, resulta ingenuo creer que alcanza con una evaluación autónoma y un control burocrático —no sindical— del magisterio para que la calidad de la educación impartida en las aulas experimente una mejora notable.
Para agravar las cosas, la SEP traicionó la reforma del 2013 cuando priorizó su beneficio ciego. Hay evidencia de que esa Secretaría ha vulnerado la autonomía del INEE y también de que dio la espalda a la edificación de un servicio profesional como el descrito por la Constitución.
Cabe recordar que la SEP pasó por encima del INEE cuando suspendió la prueba Planea prevista para este año. El secretario Nuño negoció caprichosamente con la ley cuando, para proteger sus aspiraciones presidenciales, anuló este instrumento.
Desde entonces, la invasión de la SEP sobre las potestades del INEE es cada vez más impertinente. Contra lo que algunos cruzados de la reforma suponen, la ley de evaluación se negocia todos los días y es la autoridad federal quien suele triunfar sobre la voz técnica de ese instituto.
Con respecto a la ley del servicio profesional se observa un comportamiento similar de la autoridad. Un ejemplo de esto otro es la creación de nuevos puestos en las escuelas, que fueron exceptuados de concurso. También la decisión —contraria al espíritu del artículo 3° de la Carta Magna— de no actualizar los estímulos otorgados a los maestros que participan del programa de carrera magisterial.
Lo que ha cambiado en semanas recientes es que la SEP ya no es el único actor válido y legítimo para imponer los términos de la negociación.
La tragedia de Nochixtlán abrió una posibilidad para trascender los triunfalismos infantiles de quienes sobrevaloran la reforma y también obliga a lanzar luz sobre el criticable proceso de su implementación.
Es hora de hablar con seriedad a propósito de las muchas reformas educativas pendientes, muy en concreto de la reforma pedagógica que el país requiere para que el milagro del aprendizaje en las aulas deje de ser tal y se convierta en una realidad cotidiana.
ZOOM: El día que México logre divorciar la política educativa de los intereses electoreros habremos dado el paso principal. Esto va para Nuño, López Obrador, Osorio Chong y varios líderes oaxaqueños de la CNTE.
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
