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Fuera de su corriente sindical, no goza de buena reputación. Su liderazgo se identifica como arbitrario e intransigente. Muchos no lo quieren en Oaxaca y menos aún en la Ciudad de México. Su nombre es Rubén Núñez Ginez y todavía hoy se halla encerrado dentro de una prisión federal en Hermosillo.
Los presidentes municipales mixtecos lo acusan de faltar a su compromiso para con los estudiantes y le reclaman utilizar métodos violentos que han puesto en peligro la vida de miles de personas.
La Ciudad de México no le perdona el plantón de 2013 en el Monumento a la Revolución, tampoco haber secuestrado el Senado de la República, ni haber intentado hacer lo mismo con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Sin embargo, Rubén Núñez no fue llevado ante el juez por ninguno de los argumentos anteriores. La Procuraduría General lo detuvo por tres delitos muy distintos: lo denunció por lavar dinero y malversar con fondos pertenecientes a los profesores de Oaxaca. Añadió, después, robo agravado y tentativa de homicidio en contra del maestro Pedro Ceballos Bolaños.
Si bien hoy no es políticamente correcto defender a Núñez Ginez, debo decir que aún menos correcto me parece aprobar el uso torcido de la justicia para cobrarle su oposición a la reforma educativa.
Después de analizar el expediente, es difícil negar que la PGR cometió errores y abusó de sus facultades. ¡Que para nadie sea sorpresa si en los próximos días se le ve de nuevo libre y marchando por las calles!
El pretendido delito de lavado de dinero en su contra viene de los negocios que la Sección 22 hizo con diversos establecimientos para que se otorgara a sus afiliados créditos al consumo en la adquisición de mercancías.
Asegura la Procuraduría que Núñez cobró el 3.5% de comisión por estas transacciones y con el dinero obtenido financió las manifestaciones de los profesores.
Si la acusación fuera cierta, me temo que el siguiente en la lista de detenidos será el líder nacional del SNTE, el profesor Juan Díaz, quien, como secretario de ese sindicato, autorizó antes millones de créditos similares a tasas impagables que hasta hace poco ahogaban la nómina de los maestros.
Para refrescar la memoria, vale recordar el famoso Profeproa; apenas se sentó en la silla que era de Elba Esther Gordillo, el profesor Díaz exigió a la Secretaría de Hacienda que le ayudara a pagar esos adeudos y Luis Videgaray concedió el favor.
No existe, por cierto, registro público de las comisiones entregadas a los líderes sindicales que embaucaron a los afiliados del SNTE para que tomaran tales créditos, pero de una cosa podemos estar seguros: ese dinero no se utilizó para financiar movilizaciones porque los profesores de la corriente tradicional no gozan de tal derecho político.
Cuando se analizan las imputaciones relativas a los otros dos delitos que enfrenta Núñez Ginez, los argumentos jurídicos son todavía más débiles.
Supuestamente el 30 de agosto de 2014, un grupo de maestros disidentes de la Sección 22 ingresó a un local de sus homólogos de la Sección 59. Ahí habrían robado libros de texto, computadoras y materiales de oficina. El dueño del inmueble, Pablo Ceballos Bolaños, aseguró haber sufrido tortura, golpes y secuestro por parte de los perpetradores.
Suponiendo sin conceder que todo fuera cierto, no hay manera de probar que Rubén Núñez haya sido el autor intelectual de estos actos violentos. Hasta antes de su detención no existía acusación directa en su contra.
Si Núñez no lavó dinero y si no se le puede probar la autoría intelectual de los delitos ocurridos en agosto de 2014, ¿cómo le hará la PGR para mantenerlo tras las rejas?
ZOOM: Quien usa la justicia con motivos políticos acaba haciendo política con propósitos injustos. Es un medicamento que suele emponzoñar a quien lo receta. Pregunta: ¿quién será el curandero envenenado? Dedicaré mi columna al lector que atine primero con el nombre.
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