“Es irritante la manera como las autoridades han gestionado el caso (de los desaparecidos de Ayotzinapa). Enoja la forma como han presionado y provocado situaciones imposibles para que la investigación no prospere”.
Con esta enfática protesta recibió en Washington James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los representantes del gobierno mexicano.
El pasado jueves 19 de mayo la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunieron con los padres de los 43 normalistas para prometerles que en breve se echaría a andar un mecanismo de seguimiento, supervisado precisamente por Cavallaro.
Es probable que ese día no conocieran la entrevista muy ruda que el funcionario internacional ofreció al Americas Quarterly y que se dio a conocer 72 horas antes.
(Se trata de una publicación con gran prestigio académico que nadie debería tomarse a la ligera).
Los argumentos del presidente de la CIDH no tienen nada de diplomáticos: “¿Cómo es posible que la investigación más exhaustiva en la historia criminal mexicana no haya sido capaz de informar dónde están las víctimas, cómo murieron y quiénes fueron los responsables? Si es tan poco lo que pudo producir durante todo este tiempo cabe preocuparse por el estado general de la justicia en México”.
También afirma que existen elementos para suponer una fabricación: “Hay evidencia de que las policías de varios municipios, del estado y la federal, así como el Ejército mexicano, siguieron muy de cerca los eventos ocurridos aquella noche”, del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Lo mismo hay pruebas de que la PGR construyó una versión radicalmente diferente a lo ocurrido y detuvo a un grupo de personajes menores con objeto de echarles la culpa y así cerrar el caso.
Según la cabeza de la CIDH fue esa instancia —que no el gobierno mexicano— quien decidió dar por concluida la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dada la negativa a que los integrantes del Batallón 27 fueran entrevistados y también por la campaña de desprestigio lanzada contra los expertos, la cual podría haber contado con la anuencia de la autoridad.
Concluye Cavallaro que, en adelante, habrá dos maneras de proceder: o se regresa a través del agujero del conejo hacia la versión insostenible de la PGR o bien se dan pasos ciertos hacia el conocimiento de la verdad.
Si lo segundo todavía le importa al Estado mexicano, entonces debe construirse un mecanismo de seguimiento que posea suficiente fuerza y compromiso para presionar a las autoridades mexicanas.
Después de estas declaraciones en el Americas Quarterly no sorprende enterarse que están atoradas las negociaciones en Washington. No será fácil que el subsecretario Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, representante de la canciller Ruiz Massieu, puedan entenderse con Cavallaro.
Hay varios interlocutores del gobierno mexicano que han perdido credibilidad para asumir compromisos. Son fusibles quemados. Es por esta razón que la última promesa a los padres de las víctimas podría irse al traste.
ZOOM: En los libros de texto sobre la historia mexicana, Ayotzinapa será un capítulo inevitable. Lo que no conocemos todavía es lo que dirá la última página que los niños de las futuras generaciones van a leer.
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
