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“La enseñanza que dejó este penoso litigio es que cuando se juzgan altos oficiales (militares) … quien se atreva a investigarlos o sancionarlos su vida se convierte en un infierno.”
Esta sentencia es de Ramiro Bejarano, columnista del diario colombiano El Espectador, además de docente y experto en temas de Derecho Procesal. Por más de una razón viene al caso en nuestra coyuntura mexicana; fue escrita cuando la Corte Suprema de su país, por una mayoría débil, evitó que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega gastara 30 años de su vida tras las rejas.
Esta decisión revirtió la sentencia emitida antes por un tribunal que había condenado al oficial por el delito de desaparición forzada. Así son los procesos judiciales, a veces con ellos se logra que la justicia triunfe y otros hacen que la duda permanezca; no son ni pueden ser perfectos.
Lo que el jurista Bejarano no podía prever es que meses después el caso Plazas Vega iba a servir en nuestro país para intrigar a la fiscal que lo persiguió. Y es que el infierno se ha extendido sobre tierras mexicanas.
La fiscal incendiada es Ángela Buitrago, integrante del GIEI y una de las investigadoras clave en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala.
Por su trayectoria en Colombia, Buitrago goza de gran prestigio nacional e internacional. Y es que, a pesar de la derrota en el caso Plazas Vega, ha perseguido muchos otros expedientes donde sí obtuvo éxito: encarceló a gobernantes acusados de enriquecimiento ilícito, asesinatos políticos y espionaje telefónico, entre una larga lista de asuntos.
En fecha reciente vino el coronel aludido a México para declarar que Buitrago fabricó testimonios en su contra. Miente: una cosa es que los integrantes de la Corte colombiana hayan declarado que las pruebas legales aportadas no proporcionaban certeza sobre la responsabilidad de Plazas Vega y otra muy distinta es que se hayan calificado los testimonios de las víctimas como artificiales.
Y sin embargo, aprovechando el mar de ignorancia que hay entre las realidades colombiana y mexicana, más de uno le ha prestado oídos a la patraña para convertirla en uno de los argumentos utilizados para desestimar las investigaciones que realiza el GIEI, como instancia coadyuvante de la PGR en el caso penal más importante de nuestro presente.
Resulta claro que detrás de la descalificación contra Buitrago y las que han antecedido contra los demás integrantes del grupo —Carlos Beristain, Claudia Paz, Francisco Cox y Alejandro Valencia— hay una agenda política que bien podría parecerse a la descrita por el columnista Bejarano en el diario El Espectador.
Es evidente que en México quien se atreve a investigar o sancionar militares convierte su vida en un infierno; no importa cuán buena reputación se tenga, en ese intento puede perderse todo.
Quién de manera visible opera esta campaña de desprestigio es José Antonio Ortega Sánchez; un varón cuya biografía es ciertamente opuesta, como la noche al día, a la de la fiscal Buitrago: fue fundador del Yunque, abogado de militares, amigo de la ultraderecha colombiana y colega de Isabel Miranda de Wallace.
¿A quién responde este señor? ¿Por qué sus acusaciones son transcritas al papel sin verificarse siquiera? ¿Quién detrás suyo armó la campaña de filtraciones, mentiras y torceduras?
En México hay actores políticos cuyo deseo es que la investigación sobre la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa se resuelva mal.
Pero también los hay, dentro y fuera del gobierno, quienes apuestan porque este esfuerzo judicial llegue a buen puerto.
Aquel que pretende convertirse en el próximo fiscal autónomo de la República estaría entre los interesados para que esta investigación salga fatal porque con ello sepultaría a su principal adversaria: la procuradora Arely Gómez.
Ya antes ese mismo personaje hundió a Jesús Murillo Karam, ¿por qué no lo haría de nuevo?
ZOOM: Ortega Sánchez y sus socios no solo le están haciendo el trabajo sucio al Ejército, sino a alguien más: tiene un teléfono rojo y suena fuerte en Los Pinos.
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@ricardomraphael
