Para Adolfo Sánchez Rebolledo, cuya biografía seguirá inspirando.
Es un vehículo financiero diseñado para capturar recursos públicos por un periodo indefinido de tiempo y sin ninguna transparencia; además permite pagar a proveedores y contratistas sin que estos hayan cumplido con los criterios previstos por las leyes de adquisiciones y obras.
A nombre del gobierno de Puebla firmó el contrato que le dio origen el secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente; por parte de Evercore Casa de Bolsa —empresa cuyo dueño es el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella— signaron Gabriela Olvera Cravioto y María Fernanda Díaz Barreiro.
Este contrato, fechado en noviembre de 2012, merece ser combatido con toda la fuerza del repudio público. Sus cláusulas son aberrantes y contrarias al esfuerzo que el país ha emprendido para luchar contra la corrupción.
Para hacerse una idea del propósito entregado al fideicomiso Evercore-Puebla sirva esta cláusula del contrato: “Es intención afectar de forma irrevocable los ingresos presentes y futuros derivados de la recaudación del ISERTP (impuesto sobre la nómina) con el propósito de establecer un mecanismo de administración y fuente de pago de todo tipo de obligaciones que contraiga el estado de manera directa o alterna…”.
El contrato afirma que este fideicomiso no forma parte de la administración pública; podría entonces
interpretarse que se trata de un vehículo privado. Sin embargo la Constitución contempla las cosas de otra manera: ya que los recursos que se encuentran en su panza son de origen público este fideicomiso es sujeto obligado frente a las leyes de transparencia y acceso a la información.
Con todo, las autoridades poblanas —y también Evercore— han sido morosas para brindar información relativa a los ingresos y gastos de este fideicomiso. Por la misma vara se han negado a comunicar la lista de proveedores y contratistas beneficiados por su esquema de pagos.
Para continuar con el escándalo, resulta que la vigencia del fideicomiso es indefinida. Nuevamente el texto habla por sí solo: “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso en virtud de que se trata de un fideicomiso irrevocable”.
En caso de que el ISERTP fuese derogado, el contrato establece que el fideicomiso podría exigir al gobierno poblano que cubra sus obligaciones con los impuestos que hayan sido creados para sustituirle.
En efecto, este vehículo sólo podría extinguirse si su objeto fuera imposible o bien, si se hubiesen cubierto todos los pagos a proveedores o contratistas. Basta con que sobreviva una deuda —así sea de un peso— pagadera a noventa y nueve años, para que este vehículo permanezca durante todo este tiempo y se alimente mientras tanto del impuesto sobre la nómina o contribuciones sustitutas.
Una última sorpresa: la autoridad que suscribió este fideicomiso a nombre del estado de Puebla no fue el Congreso, ni el gobernador, sino el secretario de Finanzas.
La firma de un solo funcionario bastó para capturar un ingreso que se calcula en varios miles de millones de pesos; no podemos saber el monto exacto hasta que Evercore libere la información precisa y por la misma razón tampoco es posible conocer el destino del gasto realizado desde 2012.
ZOOM: ¿Y si Puebla no fuera el único estado donde se han firmado fideicomisos con la marca Evercore?
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