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La Secretaría de Educación Pública decidió suspender la evaluación prevista para este año. No es facultad suya tomar esa decisión y sin embargo se impuso sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) quien, según la Carta Magna, es el órgano responsable del Estado mexicano para realizar esta tarea.
La fracción 9 del articulo 3º de la Constitución no deja lugar a dudas: al INEE corresponde evaluar el desempeño de la educación y para hacerlo con solvencia y credibilidad fue dotado de autonomía y patrimonio propio.
¿Por qué la SEP tomó la decisión de pasar por encima de ese instituto?
En entrevista para EL UNIVERSAL, realizada por Pierre-Marc René, Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE, hizo explícito que fue la SEP y no su instituto quien optó por cancelar la evaluación que debía practicarse a estudiantes de sexto de primaria y de tercero de secundaria este año 2016.
Tal declaración no tiene nada de ingenua. Al estilo siempre elegante de Schmelkes, evidenció la arbitrariedad de la SEP. Y para no ocultar nada adelantó que la Secretaría está previendo cancelar también la prueba Planea, contemplada para realizarse durante el próximo 2017.
Esta decisión es un síntoma grave del estado en el que se encuentra la reforma educativa. Si el INEE pierde autonomía en sus evaluaciones sobre la educación, regresaremos pronto a la época, muy reciente, en que sólo la política electorera, y no la calidad de la educación, era tema relevante.
En su defensa, explica la SEP que no hay dinero para realizar la evaluación. Afirma que con los mil 20 millones de pesos que asignó el legislador para esta tarea no alcanza. Y es que en principio el INEE había pedido doscientos cuarenta millones más.
Es necesario insistir: no le tocaba a la SEP opinar sobre el presupuesto del INEE, ni decidir en lugar suyo si hay condiciones para celebrar la evaluación. Tampoco tiene potestad para impedir la evaluación del año próximo, cuando el Instituto ha hecho saber que está abiertamente en contra de esa opción.
El problema radica en que el INEE no cuenta con condiciones reales para oponerse a la SEP. Si esa Secretaría cierra la puerta de las escuelas para que los evaluadores no entren, el instituto no tiene cómo enfrentarse al atropello.
Quizá cabría llevar la controversia ante la Corte. Este instituto, por ser órgano autónomo constitucional, está facultado para ello.
Sin embargo, de recorrer tal camino, lo que hoy es una pugna soterrada, mañana sería una guerra abierta, campal y probablemente devastadora para todas las partes.
Esta decisión de la SEP despierta mayor sospecha cuando resulta que, aún con el recorte, habría sido posible realizar la prueba. Adecuar los costos de Planea a los mil 20 millones aprobados, o negociar un aumento presupuestal a mediados de año, eran opciones factibles.
Cabe entonces especular que otros argumentos, distintos a los ofrecidos públicamente, pesaron sobre esta decisión caprichosa.
Si se suspenden las evaluaciones este año y el próximo año, ya no le tocará a la administración de Enrique Peña Nieto pagar por los malos resultados de la educación.
En otras palabras no será posible evaluar, mientras este gobierno continúa en su oficina, el desempeño de la reforma educativa.
Puede temerse que este sea el verdadero argumento de la suspensión: evitar pagar el costo político de una mala evaluación.
A la SEP no le gustaron nada los primeros resultados de Planea, pero discursivamente libró la crítica diciendo que los frutos de la reforma educativa tardarían en llegar.
Si se cancelan las evaluaciones de este y el próximo año ya no será necesario explicar nada. Le tocará al siguiente gobierno la ingrata tarea de constatar cuán poco se movieron los resultados y cuán limitada fue la famosa reforma.
ZOOM: No es buena idea que los secretarios de Educación aspiren a residir en Los Pinos. Con tal de lograrlo son capaces de echarlo todo al pozo, incluso los niños.
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