Haciendo cola para despedirse en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Arely Gómez puso en manos del Pontífice una cajita y pidió que la bendijera. ¿Cuál habrá sido el milagrito que solicitó? ¿Que se resuelva, o que no se resuelva Ayotzinapa?
La doble cara con que la PGR trata el expediente judicial más importante, puesto en sus manos, hace que la duda se justifique.
De nuevo el esclarecimiento sobre la desaparición de los normalistas está siendo obstaculizado. Así lo afirmaron ayer los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En conferencia de prensa denunciaron que un conjunto de acciones de naturaleza diversa podría estar siendo orquestado para impedir que la investigación arribe a buen puerto. Aquí la lista:
Uno, la SEIDO ha escondido averiguaciones previas relacionadas con el caso. En vez de reunir toda evidencia conectada en la Subprocuraduría responsable de la PGR, esa otra oficina, que también se halla bajo las órdenes de Arely Gómez, se ha esforzado para ocultar información esencial.
Dos, de manera irresponsable, desde la PGR han venido filtrándose a la prensa partes del expediente judicial. Esto pone en riesgo el cuidado y la secrecía con que debe llevarse a cabo la investigación. Se trata de un documento reservado por la ley hasta que no concluya el caso.
Tres, alguna parte de la información filtrada es falsa. Por ejemplo, se han dado a conocer declaraciones que supuestamente obran en el expediente, pero que en realidad no existen.
Es el caso, por ejemplo, de la autoinculpación adjudicada a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien, según se hizo público, habría ordenado asesinar a los normalistas.
Asegura el GIEI que el contenido de las declaraciones de este inculpado es diferente.
Cuatro, no han sido llamados a comparecer ante la PGR, en presencia de los integrantes del grupo interdisciplinario, los efectivos militares del Batallón 27 que fueron testigos clave de lo ocurrido.
Quinto, no ha sido entregada información en video y fotografías que esos mismos militares recabaron durante las horas fatídicas. Ese material, asegura el GIEI, es importante para la investigación.
Sexto, se ha desplegado una estrategia mediática para desprestigiar a los integrantes del grupo. Primero fueron las declaraciones malintencionadas que la señora Isabel Miranda de Wallace arrojó contra Francisco Cox, cuando le acusó de estar asociado a Emilio Álvarez Icaza, secretario de la CIDH, en una conspiración sin pies ni cabeza.
Luego vino, el pasado mes de enero, el embate contra otra integrante del grupo: Ángela Buitrago.
Tiempo atrás ella investigó y persiguió en Colombia al coronel Luis Alfonso Plazas, quien fuera acusado de cometer el delito de desaparición forzada. Sin embargo, después de una decisión difícil y dividida en los tribunales de su país, este personaje logró su libertad.
Ahora resulta que tal episodio inhabilita a Buitrago, una de las investigadoras más profesionales y agudas del GIEI, cuya extensa trayectoria no se limita a un solo caso.
Afirmó ayer Carlos Beristain, cabeza del grupo, que este tipo de ataques son frecuentes contra los defensores de derechos humanos y tienen por objeto perpetuar la impunidad. No le falta razón.
Las filtraciones indebidas, la tergiversación mediática de declaraciones, la negativa a que se entrevisten testigos clave, el ocultamiento de información fundamental, la fragmentación del expediente, el involucramiento de actores ajenos y la descalificación con argumentos tramposos, forman parte de un tejido sistemático de obstáculos destinado a impedir que concluya con éxito la investigación del caso judicial más importante de nuestra época.
ZOOM: Es evidente que la confianza entre el gobierno mexicano y el GIEI se ha deteriorado. ¿Y cómo no si una de las partes actúa con hipocresía? Mientras la autoridad, de cara a la galería, se felicita de contar con el GIEI para esclarecer lo sucedido en Iguala, por debajo del agua algunos de sus funcionarios encumbrados dedican mucha energía a sabotear el esfuerzo.
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