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El ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz calcula en alrededor de 22 mil millones de pesos la deuda escondida que habría contraído el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de un fideicomiso cuyo fiduciario es Evercore, Casa de Bolsa.
Lo alarmante es que el caso poblano no es único. La mancuerna Evercore-Protego, empresas que son propiedad del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, estaría detrás de una estrategia regular y sistemática para ayudar a los gobiernos de los estados a esconder deuda pública, eludir la normatividad de adquisiciones y obras, vulnerar la vigilancia del Poder Legislativo sobre el origen y destino de los recursos y violar el principio de anualidad que la Constitución exige, tanto para los egresos como los presupuestos de los estados.
La operación es compleja pero puede comprenderse a través de ejemplos concretos. Uno que vale la pena observar es el caso Sonora. En el año 2007 el gobierno de esa entidad recibió una consultoría para modificar siete leyes estatales (orgánica del Poder Ejecutivo, acceso a la información, presupuesto de egresos y contabilidad, adquisiciones y arrendamiento, deuda pública, código fiscal y ley de ingresos).
Gracias a sus asesores externos, el entonces gobernador Eduardo Bours presentó reformas que tenían como principal propósito esconder la deuda pública a través de la creación de un fideicomiso, supuestamente privado, donde habría de depositarse —al infinito— la totalidad de los ingresos producto del impuesto sobre la nómina.
Una vez dentro de ese vehículo financiero, el estado quería “bursatilizar” —vender los flujos futuros— para hacerse de recursos en el presente. En palabras del lego: hipotecar los impuestos del contribuyente sin que tal operación pudiese ser registrada como deuda pública.
El Congreso de Sonora aprobó ese mismo año las iniciativas pero una facción de diputados locales presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad que, por el voto mayoritario de los ministros, le favorecería dos años más tarde.
El proyecto de resolución cayó en manos de José de Jesús Gudiño. Los suyos hoy son argumentos clave para juzgar el fideicomiso Evercore-Puebla y otros esquemas similares en varias entidades de la República.
De ese texto destacan distintas claves. Primero, contrario a lo que se pretendía, si el recurso que se ingresa al fideicomiso es público, entonces el fideicomiso es público. De acuerdo con la legislación vigente de transparencia, esto quiere decir que todo lo que ocurre en él debe publicitarse y por tanto no opera el secreto fiduciario.
Segundo, si son autoridades del estado quienes firman como parte fideicomitente, el fideicomiso no puede excluirse de la Administración Pública.
Tercero, el esquema quería de manera ilegal eliminar el control legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo en lo que toca a empréstitos y otros temas relativos a sus políticas de ingreso y gasto.
Cuarto, dado que hipoteca los flujos de ingreso durante periodos indeterminados, el fideicomiso viola el principio de anualidad que obliga a los Congresos a aprobar año con año leyes para definir el origen y el destino de los recursos.
Quinto, el fideicomiso es contrario al principio constitucional que obliga a los estados a endeudarse si y solo si los recursos obtenidos se dedican a inversiones productivas. Impide también que sean los legisladores quienes verifiquen el cumplimiento de este principio.
La conclusión de la Corte fue invalidar varias de las reformas aprobadas en Sonora.
Sin embargo, este mismo modelo siguió siendo utilizado después en otros estados. Es el caso de Puebla, pero existen esquemas parecidos en Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Yucatán, Guanajuato y varios más.
Detrás de ellos suele estar, como consultor o como operador directo, el mismo fantasma de la ópera: Evercore-Protego.
Dado que el esquema se fabricó justo para ocultar deuda pública no es posible hoy precisar el monto total de la hipoteca que pesa sobre los contribuyentes pero podría temerse, desde ya, que se trata de una cantidad peligrosamente elevada.
Se agradece la acción que el abogado Rodrigo Diez y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a través de su director Enrique Cárdenas, han emprendido para exhibir esta trama repudiable.
ZOOM: Este episodio tiene aires de Fobaproa y lleva también a recordar Isosa, aquel fideicomiso que el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz utilizó para privatizar recursos aduaneros a principios de siglo.
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