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Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán tienen aire de familia. En ambos casos la autoridad ejecutó civiles, en los dos episodios funcionarios modificaron la escena del crimen para ocultar el delito y en ambos los testigos sobrevivieron amenazas indecibles para que modificaran su testimonio.
Hay una coincidencia más: quienes defendieron a la autoridad responsable de las masacres, ante los medios, forman parte de una misma familia política. En el caso de Tlatlaya fue Alejandro Gómez Sánchez, actual procurador del Estado de México y aspirante a ministro de la SCJN, y con respecto al expediente de Apatzingán fue Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado para la seguridad de Michoacán y actualmente director general de la Conade.
Días después de la ejecución de civiles en Apatzingán, Alfredo Castillo, entonces comisionado, acudió con los medios de comunicación para encubrir lo ocurrido. Ante reporteros de EL UNIVERSAL declaró: “Todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus compañeros… (producto) del fuego cruzado”.
A partir de las recomendaciones emitidas por la CNDH el día de ayer (38/2015), se infiere que Alfredo Castillo mintió.
De su lado, Alejandro Gómez Sánchez, igualmente ante los medios, en su día declaró sobre el caso Tlatlaya: “No se desprende indicio alguno que nos haga pensar en la posible ejecución de las víctimas”.
Y sin embargo la CNDH, en el documento de recomendaciones (51/2014), confirmó que efectivos del Ejército sí ejecutaron a civiles y que personal bajo las órdenes de este mismo funcionario pudieron haber manipulado la escena del crimen para simular fuego cruzado entre las víctimas.
Demasiadas semejanzas hay entre estos dos casos para no sospechar un mismo modus operandi: la autoridad ejecuta a civiles y luego oculta su delito acusando a las víctimas de haberse disparado entre ellas.
Al final los voceros de gobierno tergiversan la realidad ante las autoridades judiciales y los medios de comunicación, convencidos de que un halo inmenso de impunidad los protege.
Si las indagatorias de la CNDH desembocan en un tribunal mexicano, ambos, Castillo Cervantes y Gómez Sánchez, podrían terminar en un tortuoso proceso judicial. Y si su actuación no es juzgada en territorio nacional, cabe prever que lo será un día en una jurisdicción internacional.
El tema se torna aún más delicado cuando resulta que los dos funcionarios tienen nexos directos con la casa presidencial.
La currícula de ambos no deja lugar a dudas: Alfredo Castillo Cervantes fue procurador del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Luego fue nombrado por el Ejecutivo como subprocurador de la PGR y de ahí migró a Michoacán.
Tras la tragedia de Apatzingán obtuvo la dirección de la Conade como premio de consolación. No sobra precisar que, además, Castillo es primo hermano del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, acaso su principal promotor.
Por su parte, Alejandro Gómez Sánchez fue subprocurador del Estado de México, bajo las órdenes de Alfredo Castillo. Después trabajó como subordinado de Humberto Castillejos en la Consejería Jurídica de la Presidencia, de donde salió para convertirse en procurador general de justicia en el Estado de México; fue ahí cuando le tocó investigar la masacre de Tlatlaya.
Como incentivo para su notable hoja de servicio, Gómez Sánchez recibió recientemente el honor de formar parte de una de las dos ternas enviadas por Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de ministro en la Corte.
ZOOM: En México se premia a las autoridades que violan la ley, siempre y cuando se hallen suficientemente cerca del poder como para que el manto de la impunidad las proteja. En los casos mencionados el hilo con que fue tejido este manto conduce directo a la oficina del consejero jurídico de la Presidencia.
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