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Fue el Estado el que mintió. El que fabricó testimonios. El que torturó. Fue el Estado el que sometió a los familiares de las víctimas a un sufrimiento innecesario. No hubo incendio. No es cierto que quemaron los cuerpos de los 43 desparecidos de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. La Procuraduría General de la República falsificó los hechos.
¿Qué pasó en realidad la noche del 26 de septiembre del año pasado? Aún no se sabe. Pero desde ayer hay una verdad menos: Jesús Murillo Karam entregó una versión fraudulenta para dar vuelta rápida a la página.
Ayer México se exhibió ante el mundo, parafraseando a la escritora Sara Sefchovich, como un país de mentiras. De falsedades muy grandes y de gente muy cínica. El caso de investigación judicial más importante, desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se quiso resolver como se hace con la inmensa mayoría de los expedientes penales: a partir del engaño.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), en voz del médico español Carlos Martín Beristain, sentenció: el crimen cometido en contra de los normalistas responde a una agresión masiva, indiscriminada, arbitraria y orquestada donde participaron las policías municipales de Cocula e Iguala, la policía ministerial (estatal) de Guerrero, la Policía Federal y el Ejército.
¿Cómo negar ahora que fue el Estado quien atacó a 180 víctimas, hirió a 40 personas, cometió 6 ejecuciones extrajudiciales, desapareció a 43 jóvenes de entre 17 y 21 años y esparció dolor amargo entre más de 700 familiares directos?
¿Cómo argumentar que no fue el Estado quien, por actuación de la PGR, escondió información sobre un autobús —el quinto— para ocultar la participación de la Policía Federal en el operativo criminal?
¿Cómo evitar el señalamiento en contra del Estado mexicano cuando el general secretario, Salvador Cienfuegos, se negó en redondo a que los integrantes del GIEI entrevistaran a los militares que tuvieron diversas actuaciones durante aquella trágica noche de septiembre?
¿Cómo dejar fuera al Estado si el procurador optó por cerrar antes de tiempo la investigación porque lo presionaron majaderamente desde Los Pinos?
¿Cómo no avergonzarse del Estado mexicano después de ayer, cuando se demostró que el supuesto incendio en el basurero de Cocula fue una fabricación calculada?
El trabajo del GIEI aún no termina. No se sabe todavía dónde están los muchachos. Tampoco hay información sobre el funcionario público que ordenó el terrible operativo.
Ayer los expertos cuidadosamente dejaron fuera de su explicación oral a José Luis Abarca y sin embargo sí señalaron a una autoridad, presumiblemente distinta, como probable autor intelectual de los hechos. Un hombre no identificado que dio órdenes a la policía para que no se matara a uno de los choferes de los autobuses.
Si no fue Abarca, ¿quién es esa persona? Si el incendio es falso, ¿también podría serlo la culpabilidad del ex presidente municipal de Iguala?
El GIEI igualmente aseguró que la entrada de los estudiantes a esa ciudad fue dos horas después de que terminara el informe de labores de la entonces presidenta del DIF municipal. ¿Deja este hallazgo libre de sospecha a la señora María de los Ángeles Pineda?
Ayer aseguraron los integrantes del GIEI que la investigación apenas comienza, lo mismo que la colaboración con el gobierno. Falta mucho por desentrañar antes de que la verdad vea la luz.
Sin embargo Beristain ofreció un móvil posible: alguno de los autobuses secuestrados por los jóvenes podría haber sido utilizado por narcotraficantes para transportar droga desde Guerrero hasta Chicago. Por tanto el operativo habría tenido como propósito recuperar mercancía ilegal.
ZOOM: ¿Cuánta verdad seremos capaces de tolerar? De comprobarse la hipótesis anterior será confirmado que sí fueron las autoridades del Estado quienes agredieron de manera brutal y desproporcionada a los jóvenes porque recibieron órdenes de un poder superior: el crimen organizado.
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@ricardomraphael
