No es casual que el debate sobre la seguridad social mexicana esté tan enredado. Cuando se miente en la conversación pública la discusión se hace incomprensible. Y ciertamente las partes están alimentando el debate con falsedades.
De un lado el IMSS y el ISSSTE aseguran que no se privatizarán los servicios que ofrecen y sin embargo ambas instituciones están dando pasos para asociarse con privados en la construcción y operación de hospitales.
Del otro, el sindicato del IMSS engaña al afirmar que el seguro universal tiene como pretensión eliminar servicios y prestaciones. La calumnia radica en que el gobierno federal no se ha atrevido a proponer con seriedad un seguro universal de salud. (Abordaré este segundo tema en mi columna del próximo jueves).
En las líneas que siguen continúo con el análisis que ofrecí la semana pasada. No es ocioso reiterar que las Asociaciones Público Privadas (APPs) implican la sustitución del Estado con empresas privadas para que, en su lugar, ofrezcan un servicio público.
En el caso de los cuatro hospitales que el IMSS quiere construir y operar a través de APPs hay sin duda intención de trasladar costos, responsabilidades y riesgos hacia sus futuros socios privados.
En materia de hospitales, las APPs siguen una amplia gama de modelos: desde el outsourcing o subrogación de ciertos servicios —como la hemodiálisis o los análisis de laboratorio— hasta la total privatización de las clínicas.
Como la decisión del Consejo Técnico del IMSS no se ha dado a conocer, y los documentos que la respaldan están lejos del ojo público, es todavía difícil analizar el modelo de APP —el grado preciso de privatización— por el que está optando ese instituto.
Tal y como ocurre con los pases de magia de la fiesta infantil, el ocultamiento de la información es lo que permite afirmar al IMSS que no se trata de una acto privatizador.
De ahí la exigencia para que la autoridad actúe con transparencia. El gobierno federal no puede seguir exigiendo la fe del gobernado. No se merece esa confianza.
Que el IMSS haga públicos los documentos y deje a otros juzgar si es una privatización o un una asociación con particulares, acotada y sin consecuencias.
Un segundo argumento para exigir transparencia es el fracaso que en otros países han significado las APPs, cuando se utilizaron para la prestación de servicios hospitalarios.
La primera nación que en los años noventa incursionó por esta vía —Inglaterra— tiene ejemplos monumentales sobre el error que pueden significar para la seguridad social. No hace mucho la cabeza del comité auditor de cuentas del Parlamento británico las nominó como “la cara inaceptable del capitalismo”.
Y es que después de haber embarcado al sistema de salud inglés en una masiva asociación con particulares para la prestación de los servicios hospitalarios, hoy los resultados son devastadores:
Los costos se multiplicaron, las prestaciones fueron recortadas, el número de camas disminuyó, el personal sufrió despidos drásticos, la calidad del servicio empeoró, la coordinación entre los socios fue muy mala, no hubo mayor eficiencia en la gestión, se detuvo la innovación, el Estado terminó asumiendo los riesgos y el gasto fiscal se multiplicó por tres.
A pesar de todo lo anterior, las utilidades de los particulares fueron abusivas y el gobierno inglés debió distraer parte representativa de su ingreso para pagar a los particulares por un servicio de muy mala calidad.
Inglaterra no es el único país que incursionó en APPs para hospitales. La práctica en otras naciones europeas, africanas o latinoamericanas (Chile) han reiterado, en mayor o menor grado, el error que pueden significar las APPs y la privatización de los servicios hospitalarios.
(Pongo a disposición en mi página www.ricardoraphael.com las referencias que me llevan a presentar esta conclusión).
ZOOM: 22 años después de la primera APP, en el 2012, el Parlamento inglés abolió la obligación del gobierno británico para asegurar el derecho a la salud de la población inglesa.
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