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Se equivocaron los periodistas: nadie incurrió en conflicto de interés. Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray han sido absueltos. Virgilio Andrade, pontífice máximo de la ética pública, los ha exonerado.
La Casa Blanca de la primera dama se adquirió mediante operación inmaculada. Lo mismo que la residencia de fin de semana, en Malinalco, del secretario de Hacienda, o la propiedad en Ixtapan de la Sal del Presidente de la República.
Caso cerrado y dejen de dar lata. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no puede castigar el proceder de los funcionarios por tres razones: 1) de acuerdo con su articulado es imposible configurar el delito de conflicto de interés; 2) la Secretaría de la Función Pública federal no puede juzgar hechos ocurridos en el Estado de México; 3) Angélica Rivera no es funcionario y por tanto lo que ella haga no debe relacionarse con las responsabilidades de su marido.
Y sin embargo —más allá de lo que diga la ley, la jurisdicción y el puesto que ocupan las personas— se configura el conflicto. No importa cuánto se esfuerce don Virgilio en recorrer el infierno y prometerle a Dante que nada habrá de ocurrirle, el juicio popular tiene fundamento para dudar del veredicto.
El conflicto de interés se materializa cuando un servidor cae en una situación tal que puede verse influenciado por razones incorrectas —relacionadas con una ganancia personal— a la hora de desempeñar sus funciones y responsabilidades de gobierno.
En otros países no importa si el conflicto de interés se realizó, basta con que éste sea aparente o potencial para que el delito se sancione.
Dice don Virgilio que en el infierno analizado no encontró visos de realidad. Aunque su dicho deje sospecha, las apariencias derivan en duda razonable y, sin duda, el conflicto potencial es grande.
Primera prueba: Juan Armando Hinojosa, constructor privilegiado del Estado de México, durante las últimas tres administraciones, creció su volumen de obra gracias a la proximidad que tuvo con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Hecho difícil de contradecir: antes de que estos funcionarios llegaran al poder, Higa, la constructora de ese señor, pintaba poco.
Segunda prueba: Juan Armando Hinojosa ofreció un préstamo a tasa más que preferencial al actual secretario de Hacienda para que adquiriera el predio de su casa en Malinalco. Generoso como nadie, también ayudó a la primera dama, Angélica Rivera, para que satisficiera su deseo de contar con una mansión digna de aparecer en la revista ¡Hola!
Ambos argumentos son suficientes para cerrar el caso. Si quieren evitar el conflicto de interés los funcionarios públicos no deben aceptar regalos, hospitalidad, ni otros beneficios que afecten de manera real, aparente o potencial la imparcialidad y objetividad obligatorias en el desempeño de las responsabilidades de gobierno.
El funcionario ha de asegurar a la ciudadanía que no aceptará sobreprecios, comisiones irregulares o favores ilegales que influyan arbitrariamente sobre el valor de los bienes públicos.
Al mismo tiempo, la autoridad debe garantizar confianza entre proveedores de servicios —constructores incluidos— de que la toma de decisiones es ética, transparente y dispuesta para rendir cuentas.
En la relación con Juan Armando Hinojosa hay cuando menos un aparente conflicto de interés y don Virgilio no debió negarlo. Dadas las circunstancias, no es posible suponer que los contratos asignados a este constructor hayan sido producto de una decisión imparcial u objetiva; no después de las casas Blanca y de Malinalco.
ZOOM: El Virgilio de Peña dice que él no puede juzgar actos relativos a lo ocurrido en el Estado de México. Falso, lo que puede lo más puede lo menos. Sin embargo, en una cosa tiene razón: hace falta una mejor legislación en la materia.
Pero… si no hubo conflicto de interés, ¿para qué buscar una ley más adecuada?
@ricardomraphael
