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Hasta que se pruebe lo contrario, las Fuerzas Armadas mexicanas están integradas por seres humanos y como es propio a su naturaleza, estos especímenes suelen cometer errores.
No se entiende por qué tanta excitación frente a un hecho obvio. En los últimos 20 años las personas que conforman al Ejército mexicano han cometido fallas.
Desde la traición del general Gutiérrez Rebollo, pasando por la deserción de los GAFES —que fundarían al grupo de Los Zetas— y hasta el más reciente episodio de Tlatlaya, la ciencia de la estadística comprueba que las Fuerzas Armadas mexicanas son falibles.
No es excepcional que junto a militares profesionales y honestos haya sujetos autoritarios y corruptos; ocurre en todas las organizaciones humanas.
Y sin embargo, en la cultura política mexicana es preferible esconder un error del Ejército a demostrar que esta institución cuenta con capacidad para corregirlo.
En vez de construir legitimidad a partir de su disposición para enmendar desaciertos, predomina entre los mandos militares una tendencia pronunciada a esconder la basura bajo la alfombra.
Es tarea de las Fuerzas Armadas colocarse en primera fila y defender a los civiles, pero en México con frecuencia ocurre lo contrario: los militares se esconden tras las faldas del poder civil que siempre sale a defender su honorabilidad y embestir con invectivas lapidarias a quien les critica.
El último episodio quedará registrado en los anales del absurdo galáctico; me refiero a la disputa por las varias acepciones que la Real Academia de la Lengua Española otorga a la palabra “abatir”, a propósito de Tlatlaya.
Pero existe otro ejemplo igual de increíble: hay 16 militares que no han sido llamados a declarar, a pesar de estar relacionados, de alguna forma, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
No les tomó testimonio la procuraduría local, que a finales del año pasado encabezaba Iñaki Blanco. Tampoco lo ha hecho la PGR, que antes estuvo al mando de Jesús Murillo Karam y ahora de Arely Gómez.
La sola pregunta despierta demasiadas sospechas: ¿por qué no han sido convocadas 16 personas cuyo testimonio es fundamental para esclarecer la verdad jurídica sobre el hecho delictivo más escandaloso que haya ocurrido durante la gestión de Enrique Peña Nieto?
Ésta es una de las preguntas que el Grupo de Expertos Internacionales (GEI) —convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— le ha hecho en público y varias veces a su contraparte mexicana.
Entre otras razones, la misión de estos expertos fue diseñada para despejar dudas, apaciguar paranoias y precisar responsabilidades. Uno de sus mandatos es hacer avanzar —como coadyuvante del Ministerio Público— la investigación criminal. Así lo dice el convenio que signaron el gobierno mexicano y la CIDH.
A partir de esta fundamentación no se ha negado ninguna entrevista al GEI, ninguna a excepción de las solicitadas a estos 16 militares que pertenecen a dos batallones radicados en el estado de Guerrero.
¿Cuál es la razón? La pregunta provoca ecos graves.
Nada en el proceso de investigación lo impide. El GEI ha conversado con efectivos de las policías local y federal, con familiares y autoridades, con José Luis Abarca y su esposa, en fin, con todas las partes involucradas a excepción de una.
ZOOM: El día que en México se erradique la insoportable intocabilidad del Ejército podremos contar con una Fuerza Armada capaz de aceptarse humana y dispuesta para enderezar de manera eficaz sus muchos yerros. Contaremos con militares que abrazarán la democracia con sinceridad.
@ricardomraphael
