Durante más de una década, tanto autoridades mexicanas como de Estados Unidos han presumido relación entre los gobiernos de Durango, en especial de Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera, con el cártel de El Chapo.
A partir de hoy —y en las entregas que siguen—, presentamos las evidencias de que, en efecto, funcionarios de ambos gobiernos fueron penetrados por el crimen organizado, lo mismo que el PRI local, el Poder Judicial de Durango y hasta el Poder Judicial Federal.
La historia se apoya en pruebas documentales producto de una extensa investigación realizada por el portal @LetraRojaMx que, incluso, elaboró un detallado atlas de los vínculos criminales de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Durango con el cártel de El Chapo.
En Durango, durante muchos años, es secreto a voces que el crimen organizado se metió a distintas instancias de gobierno, al grado que no sólo en la sierra que colinda con Sinaloa —sino en la capital el estado— se sabía cuando “el señor” —El Chapo— estaba en la entidad.
Y a la sombra de ese poder criminal, durante los gobiernos de Ismael Hernández Deras y de Jorge Herrera Caldera —este último, mandatario saliente de Durango—, se han producido verdaderas epidemias de secuestros y extorsiones en tiempos electorales, en tanto que nadie ha podido aclarar la muerte de más de 350 personas, cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en las afueras de la capital de Durango, entre 2011 y 2012.
Dos personajes clave en la historia son el ex secretario de Gobierno, Hugo Rosales Badillo, mejor conocido como el abogado del diablo —quien en realidad es la cabeza de la estructura criminal—, y la actual fiscal del estado, Sonia Yadira De la Garza, quien durante los dos gobiernos citados no sólo brinda presunta protección al cártel de El Chapo, sino que encabeza los grupos de extorsión.
En la red criminal que penetró al gobierno de Durango, también intervienen autoridades del Tribunal Superior de Justicia local, como Apolonio Betancourt, el ex magistrado Héctor Rosales Badillo, la fiscal general de Justicia en la entidad, la citada Sonia Yadira De la Garza, el ex procurador estatal, Ramiro Ortiz —asesinado en 2011—, además de peritos, ministerios públicos y jueces.
Más aún, los vínculos del crimen organizado que se gestó en Durango llegan hasta la Suprema Corte de Justicia, de donde Juan Carlos de la Barrera Vite —actualmente detenido— sacaba información para matar a quienes denunciaban las irregularidades.
La punta de la madeja se localizó en sendas declaraciones ante las fiscalías de Durango y Chihuahua, en donde consta que luego de la muerte David Avitia Torres —empresario asesinado en 2008—, el entonces “asesor jurídico” del hoy ex gobernador Ismael Hernández, asesoró a la esposa del empresario asesinado y pactó que grupos criminales le ofrecieran protección.
A partir de entonces se conoce la madeja criminal que encabezaba Hugo Rosales Badillo —quien, como ya se dijo, fue “asesor jurídico” del gobernador Ismael Hernández y luego secretario de gobierno del actual gobernador Jorge Herrera— y quien desde su despacho presuntamente planeaba secuestros, acordaba con grupos criminales del cártel de El Chapo y filtraba información de empresarios a los que su primo, Marco de Haro Rosales, supuestamente secuestraba.
Además, Rosales Badillo es señalado como presunto operador financiero del grupo criminal de Los Emes y entre la clase política local se especula que el dinero obtenido por los ilícitos sería destinado a campañas políticas de diputados, alcaldes y hasta la gubernatura.
A pesar de todo lo anterior, Rosales Badillo —motejado como el abogado del diablo—, hoy es delegado de la Secretaría de Organización y Acción Electoral del Comité Ejecutivo del PRI en el estado de Veracruz. ¿Y a quién le importa?
Al tiempo.
(Mañana, Los asesinos están en el PRI)
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