Sin duda que la hipótesis parece descabellada. Sin embargo, también es cierto que en política todo es posible y todo es negociable. En realidad, la hipótesis no es nueva y tampoco impensable.
Plantea que a cambio de que el PAN apoye la llegada de una o un priísta como ministro de la Suprema Corte —surgido de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial—, el PRI habría decidido entregar el gobierno de Colima al PAN.
Es decir, que para el PRI sería más valioso —políticamente hablando—, llevar a uno de sus leales a la Suprema Corte, que mantener bajo sus siglas un pequeño estado como Colima; conflictivo, tocado por el narco y poco rentable electoralmente.
Está claro que el PRI y el PAN negarán toda posibilidad de acuerdo o negociación política que incluya un posible trueque entre Colima y la Corte. Y lo negarán porque los ojos de muchos interesados están puestos en la renovación de dos lugares para la Corte. Más aún, antes de que el Tribunal Electoral decidiera anular las elecciones de Colima, Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya rechazaron de manera tajante una posible negociación de ese proceso electoral.
Lo cierto, sin embargo, es que no pasará mucho tiempo para saber si la hipótesis se queda en eso —en teoría—, o si avanza a la calidad de tesis probada.
Y es que sólo que es cuestión de días para que Enrique Peña Nieto mande al Senado las ternas para renovar dos lugares de ministros de la Suprema Corte. Los enterados dicen que en las ternas de mujeres —se especula que podrían ser dos ternas de mujeres y dos de varones para cada lugar disponible—, podría aparecer la magistrada del Tribunal Electoral Federal, María del Carmen Alanis. Y en la de varones, alguno de los magistrados.
Pero además, sólo a partir de un acuerdo político se entiende la torpeza descomunal de un servidor público como el aún secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, quien de manera repentina aceptó ante el Congreso local que por instrucciones del gobierno estatal metió las manos al proceso electoral, para favorecer al candidato del PRI, Ignacio Peralta.
Como saben, esa declaración cambió de manera radical la decisión del Tribunal Federal Electoral y llevó a cuatro de los magistrados —contra dos—, a votar por la anulación de la elección de Colima.
Pero hay más. Es un hecho que en la nueva elección de Colima el PAN tendrá una ventaja notable y —al mismo tiempo— el PRI llegará prácticamente derrotado. ¿Por qué? Porque el PAN tiene mayoría en el Congreso local y colocará a un gobernador interino no priísta. Además, el PAN tiene en su poder la mayoría de las alcaldías de Colima.
Y por si fuera poco, el Congreso local de mayoría panista podría iniciar juicio político contra el aún gobernador, Mario Anguiano Moreno, quien en semanas recientes ordenó al Congreso local —de mayoría priísta—, aprobar un crédito por casi 2 mil millones de pesos. La policía debió rodear la sede del Congreso para impedir que los opositores votaran contra el endeudamiento de última hora. En seis años la deuda de Colima pasó de 300 millones a 7 mil millones.
Pero tampoco ahí termina la historia. Nadie sabe cómo resolverá el PRI el obstáculo que significa para su candidato Ignacio Peralta, la última fracción del Artículo 41 constitucional, que dice a la letra: “En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.
Todo indica que el gobernador de Colima será Jorge Luis Preciado, del PAN.
Al tiempo.
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