En un hecho insólito, una juez ordenó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal “no hacer del dominio público” toda la información del llamado “caso Narvarte”.
El mandato judicial es resultado de un amparo —suspensión provisional—, a favor de familiares del “periodista” Rubén Espinosa, quienes argumentan que la autoridad capitalina filtró información del quíntuple asesinato con la supuesta intención de deformar la realidad.
Por esa razón, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, canceló ayer una conferencia de prensa en la que informaría sobre el avance del caso, una vez que se logró la detención del segundo de los presuntos responsables del crimen de la Narvarte y pieza clave del esclarecimiento del asesinato múltiple.
Lo cuestionable del tema es que los grupos de interés que manipulan a los familiares de Rubén Espinosa —los mismos que pretenden convertir el crimen en causa política—, han incurrido en la misma barbarie que dicen combatir. ¿Por qué?
Porque al promover un amparo contra las supuestas filtraciones de la autoridad en el caso Narvarte, en realidad promueven uno de los más cuestionables atentados a la libertad de expresión y al derecho a la información, propio de los tiempos de la antidemocracia y del partido único.
Es decir, que por orden judicial, la autoridad ministerial cierra la información oficial sobre un crimen que si bien debe ser aclarado con las reservas del caso, también es cierto que debe ser conocido por la sociedad en sus avances sustanciales. Es decir, que sin violentar el debido proceso, los detalles, avances y potenciales contradicciones del caso deben ser conocidos por la sociedad, verificados por los medios, cotejados por los periodistas y verificada su autenticidad.
En rigor, la jueza María Catalina de la Rosa Ortega —juez noveno de distrito en materia de amparo—, violenta postulados constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información al establecer que con dicho amparo “se concede la suspensión provisional, para efecto de que las autoridades responsables resguarden la totalidad de la información contenida en la averiguación previa FBJ/B-J/T2/4379/15-07 D1 y no la hagan del dominio público”.
Es decir, que un mandato judicial otorga al GDF y a la PGJDF la coartada perfecta para esconder y/o manipular la información del caso Narvarte, con la consecuente violación de libertades básicas de los ciudadanos —que tienen derecho a conocer la información del caso—, a partir de la figura de amparo.
Pero el tema adquiere tintes de perversidad política cuando aparecen indicios de que el amparo promovido para ocultar la información podría ser usado —una vez resuelto el caso—, para acusar a la autoridad de opacidad en las indagatorias. Es decir, que a partir de argucias legales, los interesados en convertir en causa política el homicidio colectivo tendrán todos los recursos para acusar a la PGJDF de manosear la investigación.
Y cualquiera que sea el resultado de la indagatoria, los interesados en la patraña del atentado a la libertad de expresión tendrán todos los argumentos para acusar al gobierno del Distrito Federal de que hubo mano negra. En pocas palabras, que preparan el terreno para mantener vivo el montaje engañabobos del ataque a la libre expresión.
Por lo pronto un nuevo revés a esa patraña. Se sabe que según su declaración preparatoria, el segundo detenido, José Abraham Tranquilino, iba por la colombiana y por su negocio. Al tiempo.
Twitter: @ricardoalemanmx
