Resulta vulgar, ofensivo y vergonzoso que un puñado de supuestos periodistas hablen a nombre de todo el gremio para exigir a Enrique Peña Nieto privilegios e impunidad que dejan a los informadores como ciudadanos de excepción —de primera—, frente a una sociedad relegada a mexicanos de segunda.
Y es que con fecha 15 de agosto, cientos de “abajo firmantes” —muchos no tienen la menor idea de lo que es el periodismo—, enviaron al Presidente una carta plagada de mentiras, supuestos e imaginarios para exigir el esclarecimiento de los crímenes de periodistas, revisar los mecanismos de protección y garantizar la libertad de expresión.
En efecto, es prioritario y responsabilidad de todo el Estado mexicano y sus instituciones —y no sólo del Presidente—, garantizar la vida de los periodistas, pero también de los médicos, abogados, militares, policías, albañiles, taxistas, carpinteros… de todos, porque la ley es o debe ser igual para todos y todos merecen las mismas garantías y tienen las mismas responsabilidades.
Sin duda que se debe poner alto al crimen de periodistas e investigar a fondo todos los crímenes ocurridos contra informadores. Pero de igual manera se deben investigar todos los crímenes contra todos los ciudadanos de todos los estados, los estratos sociales, oficios y profesiones.
Y si se exige al Presidente un trato especial y excepcional a favor de los periodistas, en realidad lo que se pide es un trato privilegiado que coloca a los periodistas como mexicanos de élite y para los cuales se deben dictar leyes especiales. Y la sola idea de trato de privilegio resulta vulgar, ofensiva y vergonzosa para una sociedad que —en general—, es víctima de la violencia, el crimen en todas sus formas y la impunidad total a los criminales.
Dicho de otra forma, que el llamado de los “abajo firmantes” no sólo ofende al periodismo y a los periodistas —cuyas vidas y libertades garantiza la Constitución, en la letra—, sino que exhibe que ciudadanos y periodistas viven el abandono total.
Pero además, resulta ridículo que los “abajo firmantes” que exigen una respuesta de Enrique Peña Nieto, sean los mismos que han denostado y calificado de espurio e incompetente al Presidente. Peor aún, no pocos firmantes son reputados académicos que saben bien que la responsabilidad de investigar y aclarar los crímenes corresponde a gobiernos y gobernadores de las entidades donde ocurren los crímenes; saben bien de la división de poderes y de los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué apelan al regreso del presidencialismo vertical y autoritario?
Además, con maniqueísmo procaz dicen que cuando se ataca a un periodista se atenta contra la libertad de expresión de la sociedad entera. ¿En serio? ¿Están seguros de que los periodistas asesinados o desaparecidos fueron atacados por su trabajo? ¿Cuántos de los que están en activo en todo el país roban, extorsionan, chantajean y están coludidos con el crimen organizado? ¿Cuántos han caído por esas causas? ¿Lo saben los “abajo firmantes”?
Dicen, sin más argumento que su imaginación, que el crimen del periodista Rubén Espinosa es “un parteaguas” y que el DF “era considerado uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico”. ¿En serio? ¿Según quien? ¿Dónde está el sesudo estudio?
Sí, Veracruz es del más alto riesgo para el periodismo. ¿Pero cuántos de sus periodistas sirven al crimen; cuándo se han ido por amenazas de las bandas criminales? ¿Saben que lo mismo ocurre en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guerrero? ¿Por qué sólo les importa Veracruz?
Maniqueísmo a nombre del periodismo. Al tiempo.
Twitter: @ricardoalemanmx
