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La venta de garaje que han hecho de los recursos del país los últimos seis gobiernos, panistas y priístas sin distinción, refleja, por supuesto, su ADN ideológico, pero también la corrupción en que se han sumido. No se trata de un mero argumento retórico de quienes nos oponemos a semejante remate de los bienes nacionales, sino una dolorosa realidad que hemos visto los últimos treinta años en las minas, las siderúrgicas, el petróleo, las refinerías, la electricidad, la tierra productiva, los servicios de salud y un larguísimo etcétera.
La historia que aquí relataremos es una más de ese monstruoso despojo y se inscribe en el contexto de la venta a prestanombres, muy por debajo de su verdadero valor, de terrenos nacionales con potencial turístico y comercial de la que se acusa a los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y su antecesor Félix González Canto.
Éste último, hoy senador del PRI, cedió al Hotel Presidente Intercontinental de Cozumel una caleta de veinte mil 783 metros cuadrados de espacio utilizable en agua y catorce mil 300 metros cuadrados de zona federal marítima terrestre. Lo hizo mediante un contrato, avalado por reformas legales promovidas por los gobiernos neoliberales, firmado en marzo de 2011, un mes antes de que concluyera su mandato, junto con el entonces alcalde de la isla, su primo Juan Carlos González Hernández. La operación se realizó a través de la Administración Portuaria Integral de Cozumel, ente público en el que ese municipio es tenedor de 51% de las acciones y el gobierno del estado de 49%.
Para que el hotel, uno de los más grandes de la isla, usufructuara la pequeña bahía conocida como “Caleta Azul”, se acordó el pago de un millón 191 mil pesos anuales, esto es, menos de cien mil pesos al mes, ridícula renta por un bellísimo cuerpo de agua que el Presidente Intercontinental pretende ofrecer como una marina privada, con club de yates y el relleno de una parte de esa superficie para convertirla en playa.
El contrato, recuperado por la activista Fabiola Cortés, presidenta de la asociación “Somos tus ojos” y que usted puede consultar en esta liga: http://noticaribenews.com/archivos/archivo_949.PDF, otorga la concesión por diecisiete años con posibilidad de renovarse por diecisiete más y fue firmado el 4 de marzo de 2011 por Ignacio René Cureño Muñoz, director general de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel S.A. de C.V. y Daniel Camargo Meléndez, representante legal de Inversiones Turísticas del Caribe S.A.P.I. de C.V (Hotel Presidente Intercontinental).
Pero seis años después, la “Caleta Azul” no ha sido entregada a sus nuevos usufructuarios, ya que se niegan a dejarla el casi centenar de posesionarios (lancheros que han ofrecido durante casi veinte años su servicio a los turistas) y a los que se les ofreció abrirles un pequeño espacio dentro del proyecto Marina-Fonatur que contemplaba construir ahí mismo un complejo de lujo que hasta ahora ha quedado en el papel.
Como el contrato de marras obliga a la entrega al hotel de la caleta “limpia” de posesionarios, el actual gobierno, que encabeza el panista-perredista Carlos Joaquín, emitió el pasado 25 de mayo, a través del secretario general de Gobierno Francisco López Mena y las nuevas autoridades de la Administración Portuaria Integral, una convocatoria a la Agrupación de Posesionarios y Marineros, para que se sumen a un programa integral de reubicación y regularización. Sus integrantes lo que ven venir es un desalojo.
La pregunta es si el nuevo gobierno le pondrá “el cascabel al gato” porque, la verdad, “el comal no está para bollos”.
INSTANTÁNEAS: 1. TULUM. Por ahí ha surgido otra acusación al ex gobernador González Canto. Se dice que pretendía expropiar toda la tierra de Tulum para incrementar el precio del metro cuadrado de siete pesos a cien dólares de cara a la construcción de un aeropuerto en esa bellísima localidad turístico-arqueológica. Cuentan que cuando se enteró el entonces presidente Felipe Calderón, canceló el proyecto.
2. CÓMPLICES. Junto con la orden de aprehensión librada contra Roberto Borge Angulo el pasado jueves primero de junio, también se expidieron contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica de esa dependencia. Esto en cuanto a las acusaciones de la malbaratada venta de terrenos. Sobre la constitución de Barcos Caribe, presuntamente para lavar recursos de procedencia ilícita, también se libraron órdenes de aprehensión contra María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador Borge, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
3. VIOLENCIA. En medio de todo esto, la violencia no cesa en las principales plazas del estado de Quintana Roo. Apenas anoche se registró otro enfrentamiento en Cancún. Fue en el centro de la ciudad. Policías ministeriales repelieron el ataque de un grupo de delincuentes. El gobierno del estado informó que la situación quedó bajo control y que los agresores fueron detenidos.
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