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Un grupo de empleados de la División de Contratación de Activos y Logística de la Dirección de Administración del IMSS, hizo llegar a este reportero un voluminoso expediente con el que acusan que se ha maniobrado para favorecer a cuatro empresas y a una persona física, con el contrato transexenal 2017-2020, por más de tres mil 200 millones de pesos, para proveer seguridad a las más de cuatro mil instalaciones que tiene el Seguro Social en el país.
Las empresas, según sus señalamientos, son: Servicios Industriales e Institucionales, Protección y Alarmas Privadas, VIGI John Klean del Sureste y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales. La persona física es Giovani Fabela Ontiveros.
La licitación tendrá lugar el lunes 22 de mayo próximo y en la puja participarán entre 17 y 20 proveedores, aunque los empleados denunciantes, que piden el anonimato para no sufrir represalias, insisten en que la decisión está tomada.
Se trata de una licitación pública internacional (¿es legal que extranjeros provean seguridad a instituciones públicas mexicanas?) número LA-019GYR019-E56-2017, convocada para la contratación plurianual del “Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE´s y Centros Vacacionales, correspondientes a los ejercicios de 2017 a 2020.
El monto total es de hasta tres mil 271 millones 225 mil 833 pesos, con la siguiente distribución anual para cada uno de los ejercicios fiscales: 881 millones 950 mil 735 pesos para 2017; mil 84 milones799 mil 404 pesos para 2018; mil 117 millones 343 mil 386 pesos para 2019 y 187 millones 132 mil 307 pesos para 2020.
Esta denuncia también llegó ayer a la Comisión Permanente del Congreso y de ella hicieron eco senadores y diputados del PT y Morena. El senador Luis Miguel Barbosa llamó a sacar adelante un punto de acuerdo para seguir con detenimiento el desarrollo de la licitación y limitar su vigencia al 30 de noviembre de 2018, para que no continúe en el próximo gobierno. Asimismo, pidió que la Permanente exhorte a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer sus tareas de control y vigilancia. Y advirtió que el actual gobierno ya está en el “Año de Hidalgo”.
A su vez, la coordinadora de la diputación de Morena, Rocío Nahle recordó que no se trata de una práctica nueva, pues “ya es costumbre en las dependencias federales hacer estas licitaciones, que la mayoría de las veces están arregladas para que sean de adjudicación directa o bien para un amigo”.
El IMSS, a través de un comunicado, aseguró que la referida licitación está apegada a la legalidad y avanza con transparencia. Y explicó que se trata de un contrato plurianual, no transexenal, que está previsto por la ley y que, en este caso, permitirá ahorros por casi 200 millones de pesos.
Habrá que esperar el resultado. Si gana alguna de las empresas mencionadas, así sea por coincidencia o incluso porque fue la mejor propuesta, esta denuncia ya ha generado suspicacia. ¿Estará al tanto de esto el director general del IMSS, Mikel Arriola? Quizás debería echarle con lupa, un último vistazo. No se lo vayan a llevar al baile su director de Administración, David Palacios y su director de Seguridad y Resguardo, Juan Martín Cano Aguado. No estaría de más atender esta preocupación de sus trabajadores.
INSTANTÁNEAS:
1. RÉPLICA. A propósito de lo publicado en esta columna el viernes pasado (Corrupción en Morena) y en atención a su derecho de réplica, reproduzco aquí las aclaraciones enviadas por el candidato de ese partido político a la alcaldía de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo: “No estoy impugnado por la función pública como usted refiere. Tan se resolvió a mi favor que hoy estoy jubilado por Pemex, después de décadas de trabajo honesto. Tengo toda la documentación que lo prueba y la he hecho pública. Revísela. Lo invito a que haga una revisión del caso y no se quede nada más con lo que se publicó en 2011 y a lo cual no se le dio seguimiento. Tengo entendido que en el periodismo serio es obligación confirmar la información y usted, en ningún momento, se acercó para que le diera mi versión. Le pido demuestre sus dichos en los cuales me difama, yo no hago duplas ni negocios. Soy un hombre serio y de trabajo. No se deje llevar por la ola de la desinformación que impera, sobre todo cuando estamos inmersos en un proceso electoral en Veracruz”. Ahí están pues las aclaraciones de Carranza Rosaldo que, ojalá, haga extensivas al padre Alejandro Solalinde, que es quien lo acusa.
2. ERRORES, y muy graves, los cometidos en torno al caso de la joven Lesvy Osorio, de 22 años, encontrada muerta en el campus de Ciudad Universitaria. El primero: los tuits de la procuraduría que refieren que la joven había consumido alcohol y drogas, y que ya no estudiaba en el CCH Sur, donde debía materias; información que fue interpretada como una re-victimización inaceptable. Segundo, que se quemara en leña verde al procurador Rodolfo Ríos, quién como pocos políticos dio la cara y ofreció disculpas por la información difundida. Y tercero, que el asunto derivará el en cese de la directora de Comunicación Social de la dependencia, Elena Cárdenas, una funcionaria profesional, seria, eficaz y siempre bien intencionada.
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