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Tiroteos y asesinatos han ocurrido casi a diario en Cancún y Playa del Carmen desde hace casi una década, como consecuencia de la interminable guerra entre cárteles por el control del narcomenudeo en esas dos joyas del turismo nacional e internacional.
La refriega escaló a lo más alto el 4 de febrero de 2009 con el asesinato del general de brigada en retiro, Mauro Enrique Tello Quiñones, asesor en seguridad del entonces alcalde de Benito Juárez (Cancún), Gregorio Sánchez Martínez, durante el gobierno en Quintana Roo de Félix González Canto.
La violencia en el estado continuó en los años subsecuentes, aunque muy a la sorda, hasta que volvió a visibilizarse el 15 de enero pasado con el tiroteo en la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen, que dejó cinco muertos y quince heridos; y dos días después, con el ataque armado a la Fiscalía del estado.
El gobierno que encabeza desde el 25 de septiembre pasado Carlos Joaquín González no ha sido capaz de contener esta crisis de violencia criminal, inmerso como está en una lucha interna en la que confluyen poderosos intereses político-económicos, y en la que sigue pesando el blindaje de impunidad que se armó el ex gobernador Roberto Borge Angulo para burlar el castigo a sus escandalosos latrocinios.
En lo político, el ex priísta Carlos Joaquín está entrampado entre el pago de facturas a la alianza PAN-PRD que lo postuló para la gubernatura y la colocación de su equipo en puestos del gobierno para darle operatividad. Y es en ese contexto donde crece la confrontación entre Miguel Ramón Martín Azueta, al que Joaquín le inventó el cargo de jefe de la Oficina del Gobernador, desde donde ejerce el poder tras el trono; y el secretario general de gobierno Francisco López Mena, un panista que disputó la gubernatura a Joaquín Hendrix en 1999, y a quien hoy se acusa de la descontrolada ola de violencia que asuela a Quintana Roo.
El sector empresarial, que apoyó y financió la campaña de Carlos Joaquín, exige la renuncia de López Mena, quien conserva el respaldo del panismo estatal y nacional. Las acusaciones de incapacidad las encabeza el empresario inmobiliario Carlos Mimenza quien, junto con la activista social y periodista Fabiola Cortés, de la organización “Somos tus Ojos”, ha presentado ante la PGR las demandas más sólidas contra el ex gobernador Borge por vender a cercanos, y a precios de ganga, terrenos del estado ubicados en zonas de gran desarrollo turístico.
Estas presiones empiezan a desmontar el blindaje de impunidad que Borge se construyó antes de dejar el poder. El auditor Superior de Quintana Roo, Javier Zetina González, presentó su renuncia, con fecha 31 de marzo, pues el Congreso local prácticamente lo inhabilitó al autorizarle solamente cinco de los 25 millones de pesos que pidió como ampliación de presupuesto. Zetina González fue dejado por Borge en la Auditoría del estado, como parte de su “paquete” de impunidad.
Éste incluyó, mediante aprobación fast track por parte del anterior Congreso, la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva, y de los magistrados Adriana Cárdenas Aguilar, Mariana Dávila Goerner y Carlos Lima Carbajal. Respecto a este último (quien fue director del Registro Público de la Propiedad apoyando a Borge en todo tipo de despojos y fechorías), el propio Tribunal aprobó dejar en manos del Congreso local su eventual destitución, por no presentar a tiempo su declaración patrimonial inicial. A puerta cerrada, ya debate el tema la Comisión de Justicia que preside el priísta Mario Villanueva Tenorio, hijo del también ex gobernador Mario Villanueva Madrid, preso desde hace 18 años por acusaciones de narcotráfico.
En lo económico, el fondo está en el histórico choque de intereses de la familia Joaquín (de la que forma parte el actual secretario de Energía) y las siempre asociadas familias Borge y González Canto. Las dos operan sendas navieras que se disputan el mercado del Caribe mexicano. La de los Borge-González Canto (Barcos Caribe), tiene detenidos en Australia dos buques ahí adquiridos. La razón: el presunto ocultamiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos. El SAT ya investiga estas denuncias.
Pero el ex gobernador sigue en la vida loca. Va y viene sin recato alguno de Miami a Cancún. Ni siquiera parece importarle la nueva acusación que atribuye a su madre María Rosa Ángulo un desfalco superior a los 121 millones de pesos. Borge sigue tan campante.
INSTANTÁNEAS 1. ANTICORRUPCIÓN. Al revisar los currículums de los cuatro candidatos a fiscal anticorrupción avalados por el comité ciudadano, llama la atención el de César Chávez Flores por estos datos: abrió procesos penales a 320 servidores públicos, removió a más de 250 agentes del MP y anuló más de 300 licitaciones irregulares por 50 mil millones de pesos, a su paso por las Contralorías de Pemex (con Juan José Suárez Coppel), la de la PGR (con Arturo Chávez y Maricela Morales) y la de la Función Pública (con Arely Gómez).
2. MORENA. Reportes de inteligencia de Gobernación aseguran que Martí Batres ha contratado a dos agencias de relaciones públicas para suavizar su imagen de radical, en la búsqueda de la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La estrategia incluye acercamientos con las cúpulas empresariales y líderes de organizaciones de la sociedad civil.
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