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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Miguel Ángel Margáin González, aplazó esta semana el registro para laboratorios mexicanos del medicamento biotecnológico Trastuzumab, dejando al suizo Roché como único beneficiario de los más de 100 millones de dólares que paga anualmente el sector salud del país para atender a sus derechohabientes con cáncer de mama. Su argumento: no demuestran cumplir al cien por ciento con la fórmula activa de esa patente ya liberada.
¿No le parece demasiada casualidad que, ahora mediante el IMPI, se proceda a favor del gigante farmacéutico, como ocurrió también desde el Poder Judicial, al concederle la suspensión provisional del registro otorgado por la Cofepris al también biotecnológico Rituximab, para que la marca Mabthera de Roché (cuya patente, por cierto, también ya terminó su vigencia de veinte años y puede ser liberada) siga como beneficiario único de los más de 40 millones de dólares que cada año le paga el sector salud para el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide y el linfoma no Hodgkin?
¿No ve usted como un exceso que, parte de esa estrategia legal, de la que le informé aquí en columna anteriores, incluya la decisión del juez primero en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, de citar a comparecer a los integrantes del subcomité biotecnológico de la Cofepris, integrado por científicos y expertos de reconocida trayectoria y cuyos dictámenes, hoy en entredicho, son el fundamento para la asignación de los registros sanitarios?
Detrás de estas argucias legales se ve la mano del despacho de abogados encabezado por Eduardo Gallástegui, a la sazón litigante de Roché quien, al argumentar sobre estos señalamientos, asegura que la inconformidad del gigante suizo es porque los laboratorios que han pedido el registro de los referidos fármacos no reproducen al cien por ciento la sustancia activa amparada por sus patentes, misma explicación, notará usted, que la esgrimida por el titular del IMPI quien, por cierto, tiene un despacho de patentes, el mismo que perdió sonados casos de Ford y iPhone, y respecto a los cuales fallaría después, favorablemente, una vez sentado en la dirección del órgano que regula la propiedad industrial del país.
Pero el referido argumento, por lo menos en el caso del Trastuzumab, no tiene mayor sustento. Y vea usted por qué se lo digo: El laboratorio británico Mylan es el poseedor de la propiedad de la fórmula activa de ese fármaco, que ya comercializa mundialmente de manera abierta y que proveía, por lo tanto, a laboratorios mexicanos; pero resulta que Mylan y Roché firmaron recientemente un convenio que estipula que la fórmula activa puede ser comercializada en cualquier país, menos en Japón, Brasil y México.
Y aquí saltan varias preguntas: ¿Prohibir vender en México un fármaco de patente ya abierta, no es una maniobra para conservar el mayor tiempo posible un mercado monopólico? ¿Acaso la fórmula activa de Mylan no funciona con laboratorios mexicanos, pero sin con los de Roché? ¿Por qué le entra el IMPI a un tema de violación de patentes antes de que hayan sido violadas y, más grave aun, cuando ya venció su vigencia?
¿No ve usted, en suma, la intención de Roché de conservar un mercado cautivo de más de 140 millones de dólares anuales que el sector salud paga con recursos públicos, y de limitar a más de 30 por ciento de la población el acceso a esos medicamentos biotecnológicos, además de frenar la legítima competencia de farmacéuticas mexicanas que, al entrar en competencia, abaratarían costos y precios?
Por lo pronto esta última decisión del IMPI prácticamente mata el programa de biotecnología que desarrolla México con millonarias inversiones, para que Roché, que ya ni siquiera tiene planta en México, siga embolsándose cada año dos mil 800 millones de pesos.
Como puede usted ver no se trata de un problema de autorizaciones sanitarias ni de controversia de patentes, sino de grandes intereses económicos que van contra la salud y el erario de nuestro país.
Roché, como le informé aquí el pasado 10 de marzo, envío a este reportero un comunicado en el que rechazó categóricamente “tener injerencia alguna, por conducto de sus representante o abogados, en la toma de decisiones de las autoridades correspondientes”; recordó que la Corte emitió en 2013 una sentencia (como resultado de la acción que promovió en contra del otorgamiento del registro sanitario al Rituximab), que reconoce que “la protección de la salud de los pacientes es una responsabilidad compartida por los sectores público y privado”; y reiteró que fue en cumplimiento de dicha resolución, que la Cofepris resolvió revocar el citado registro, al reconocer que el mismo “no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable para garantizar su seguridad y eficacia”.
En esta controversia parece necesaria ya la intervención del secretario de Salud, José Narro Robles, pues en el ámbito de su responsabilidad está investigar y resolver sobre estos diferendos que, por lo visto, hasta ahora, benefician a un gigante farmacéutico y detienen la apertura del mercado mexicano de la salud.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
