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Fuentes del gabinete de seguridad nacional reconocen que durante los últimos días se han intensificado las presiones de Estados Unidos a México para que apruebe cuanto antes la Ley de Seguridad Interior.
Una de las más fuertes proviene del Comando Norte del ejército estadounidense, establecido en 2002 en Colorado Springs, para dar mando y control a los esfuerzos que desarrolla el Departamento de la Defensa para garantizar la seguridad de su territorio y coordinar su apoyo a las autoridades civiles.
En esa lógica, el Comando Norte tiene entre sus prioridades estratégicas asegurarse de garantizar la estabilidad en su vecino del sur. De ahí su interés en que las Fuerzas Armadas mexicanas dispongan de lo necesario para asegurarla. Entonces ve en la Ley de Seguridad Interior la legitimización de las tareas del Ejército mexicano no solo para combatir al narcotráfico, sino para atajar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad o la paz pública de nuestro país.
Frente a tales presiones, el gobierno mexicano redobla esfuerzos para que el Congreso apruebe esa iniciativa, atorada hasta ahora por la oposición, sobre todo la del PRD.
Por lo tanto, no es descabellado suponer que la cascada de impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México, baluarte político del partido del sol azteca, sea una estrategia del gobierno de Peña Nieto y del PRI para amedrentarlo con este planteamiento: tu Constitución por la Ley de Seguridad Interior.
Consideraciones políticas como ésta son inevitables para tratar de entender la avalancha de controversias presentadas ante la Corte contra la Constitución capitalina, sobre todo las de la PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Otra consideración de esa índole podría ser la fuerte presión al PRD para que detenga el éxodo de militantes y dirigentes hacia las filas de Morena y López Obrador, que tiene su más reciente episodio en el galimatías que se ha armado durante los últimos días en la coordinación parlamentaria de ese partido en el Senado.
Por supuesto que el análisis de las controversias contra la Constitución capitalina tiene consideraciones jurídicas. De hecho, estamos ante un gran debate jurídico, acaso el más profundo de los últimos tiempos, en el que, según los juristas consultados por este reportero, se confrontan dos concepciones del Derecho Constitucional.
De un lado, con la PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia, están quienes alegan a rajatabla la supremacía de la Constitución federal y sus ámbitos de competencia frente a las constituciones locales. Porque eso argumentan: la Constitución capitalina invade atribuciones exclusivas de la federal.
Del otro lado están, con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quienes sostienen que, por encima de ese choque de competencias, están los derechos del hombre.
Y el parteaguas de esas dos concepciones está en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 que reconoce, desde la Carta Magna, la prominencia de la persona.
La Corte, por supuesto, deberá resolver la confrontación, aunque vale la pena recordar que ya se ha pronunciado al respecto al señalar que una norma inferior (en este caso la Constitución capitalina) puede estar por encima de la superior (en este caso la federal), si maximiza derechos a favor de la persona. Ese es en el fondo el planteamiento de su contradicción de tesis 293/2011 y del caso Rosendo Radilla 912/2010.
INSTANTÁNEAS. 1. CONTROVERSIAS. El caso es que han sido impugnados 40 de 71 artículos de la Constitución de la Ciudad de México. Junto con las impugnaciones de la PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia, están las de la CNDH y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además, está otra del abogado Javier Quijano, que cuestionó que la totalidad de la Asamblea Constituyente no haya sido conformada por el voto directo de la gente; y una más de Morena que cuestiona la sobrerrepresentación en la conformación de la nueva asamblea y el que la nueva Constitución no haya sido sometida a referéndum.
2. COMPETENCIA. Si la Asamblea Constituyente se disolvió tras redactar la Constitución, ¿quién representará en la Corte a la parte impugnada? Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) nos dijo que ésta ya recibió de la Corte la notificación de que es la autoridad formal para dar respuesta sobre los trabajos del Constituyente y las solicitudes que tienen que ver con el archivo entregado por la misma. De hecho, ayer se reunieron los diputados locales con algunos diputados constituyentes y con el consejero jurídico de la CDMX, Manuel Granados quien ha asumido la defensa de la Constitución capitalina.
3. PLAZOS. La ALDF tiene quince días para responder a la notificación de la Corte. Si las controversias llegasen a prosperar, se deberá definir quien hará las reformas previstas por la nueva Constitución capitalina, ya que no será facultad del Congreso de la Unión y quizás haya que esperar a la instalación del nuevo Congreso local.
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