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Todo apunta a que se pospondrá el gasolinazo previsto para febrero y que la Secretaría de Hacienda anunciará pasado mañana —fecha en que aplicaría el primero de los dos aumentos de por lo menos ocho por ciento considerados para la primera quincena de febrero— medidas que lo “suavizan”. Lo que aún no determina el equipo del secretario José Antonio Meade es si la posposición también considerará al ajuste diario del precio que deberá entrar en vigor a partir del 18 de febrero, de acuerdo con el calendario dado a conocer el pasado 27 de diciembre.
Economistas consultados por este reportero estiman que el aumento programado para el 3 de febrero llevaría el precio de los combustibles a un promedio cercano a los 19 pesos por litro y el siguiente del 11 de febrero arriba de los 20 pesos.
Primero el PAN y luego el PRD pidieron al gobierno que detuviera el gasolinazo de febrero, tras advertirle que la medida podría generar un estallido social. A la exigencia se sumaron después las organizaciones empresariales y finalmente el PRI, el partido del presidente Peña Nieto, quien ha defendido hasta el cansancio la inevitabilidad de la antipopular medida.
El secretario Meade respondió que evaluaba alternativas para “suavizar” el impacto de los aumentos de febrero. El argumento técnico, tras la suspensión del subsidio al iniciar este año, es que siendo como somos importadores netos de gasolina (más de 50 por ciento de nuestro consumo lo compramos al extranjero), el precio es determinado por las cotizaciones internacionales del petróleo y del dólar.
Ambos indicadores se han mantenido estables durante los últimos días de enero: el precio del petróleo no se ha disparado y el peso ha conseguido estabilizase frente a la divisa estadunidense, pese a la persistente volatilidad financiera generada por la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Tales serían los argumentos que esgrimiría Hacienda para la presumible posposición del gasolinazo de febrero, aunque la razón de fondo está más bien en la órbita de lo político y lo social. Un dicho popular bien lo resumiría: el miedo no anda en burro.
El refrán denota que, ante una grave amenaza, debe actuarse con rapidez y no montado en el lomo de un animal de lento avance. ¿Y cuál es esa amenaza que da miedo? La ira popular y un eventual estallido social, como lo advirtió la oposición política.
Y la advertencia no es excesiva ni descabellada. Baste recordar la serie de saqueos que desató el gasolinazo de enero en diversas ciudades del país (aparentemente bajo control) y las manifestaciones de protesta social que de ninguna manera han cesado.
En esos cálculos políticos del gobierno pesan, a no dudarlo, los relacionados con el costo electoral de la medida (ya cargado al gobierno y al PRI) de cara a los comicios de este año en el estratégico Estado de México y en las presidenciales del entrante. Pero también, de manera notable, la bajísima popularidad (88 por ciento de desaprobación) que Peña Nieto no ha podido revertir ni con sus reiterados llamado a la unidad (sin que atine a decir con claridad en torno a qué objetivos concretos debemos unirnos), para enfrentar la embestida del gobierno estadounidense que encabezan Trump y Pence (Donald y Micky diría un orgulloso Walt Disney).
De cualquier modo, posponer el gasolinazo será un alivio momentáneo que también posponga el enojo, porque el aumento ocurrirá, más temprano que tarde, y tendremos gasolinas que rayen en los 20 pesos por litro. Es decir, para seguir con los refranes: atole con el dedo.
INSTANTÁNEAS. 1.CONTROVERSIAS. Los poderes Legislativo y Ejecutivo van por la anulación de los lineamientos sobre los derechos de audiencias de la radio y la televisión emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Primero el Senado presentó ayer ante la Corte una controversia constitucional contra los lineamientos de marras, por considerar que rebasaban las atribuciones del IFT y ejercen censura previa al exigir, entre otras cosas, diferenciar mediante cortinillas la información dura y las opiniones de los comunicadores. La Presidencia de la República, después, presentó otra controversia constitucional también contra los lineamientos del IFT y contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones por dar facultades erróneas a ese ente regulador que invade la jurisdicción exclusiva de la Presidencia de la República para emitir normas en materia de libertad de expresión, regulada por el artículo sexto constitucional. La Corte determinará si suspende provisionalmente los lineamentos del IFT que entrarían en vigor el próximo 16 de febrero y después resolver sobre los actos reclamados.
2. CELEBRACIÓN. La Cooperativa Cruz Azul conmemoró 63 años de reestructuración organizacional. Se trata de la mayor empresa social del país, de la que dependen poco más de cinco mil familias. Su presidente, Guillermo Álvarez anunció fuertes inversiones productivas para este año, pese al complicado entorno económico.
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