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La impunidad en México danza entre miles de millones de pesos o, dicho de otra forma, ser pobre aquí es el peor de los delitos. De muchos delincuentes pobres, y hasta de inocentes, están llenas nuestras cárceles. Para los jodidos no hay justicia porque no pueden comprarla como los autores de los grandes latrocinios políticos y empresariales que han escandalizado a este país.
No sé cuánto estará pagando por su defensa el ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, al despacho del ex procurador Antonio Lozano Gracia, asociado con Diego Fernández de Cevallos, ambos notables militantes del PAN. De lo que sí estoy seguro es que debe ser un dineral, pues la representación jurídica que ofrece incluye una red de influencias tejida durante años con el poder político-económico, que es la que garantiza la impunidad a sus defendidos.
La maniobra, esta vez, no les salió del todo bien. Padrés, ya con una orden de aprehensión en su contra, fue ocultado por sus propios abogados, mientras armaban la estrategia de defensa. Ésta incluyó que el ex gobernador diera una entrevista radiofónica para mostrar su voluntad de entregarse y enviar el mensaje de que quien nada debe nada teme. El segundo paso fue presentarlo ante un juez para que respondiera por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Debió ser llevado a una prisión federal, por los delitos imputados, pero Lozano Gracia (a diferencia de lo que hizo cuando siendo procurador detuvo y remitió directamente a Almoloya a Raúl Salinas de Gortari), consiguió presentarlo ante un juzgado del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, con amparos tramitados y la posibilidad de pagar una fianza, para que el ex gobernador no pisará la cárcel. Hasta ahí la estrategia funcionaba, pero no contaban con que la PGR fincaría, en ese momento, otro cargo por delincuencia organizada, lo que hoy lo mantiene en prisión preventiva.
Mientras, el gobernador priísta con licencia de Veracruz, Javier Duarte, sigue a salto de mata. También por recomendación de sus abogados, se presentó en televisión para argumentar inocencia y prometer que no evadiría la justicia. Pero se peló, por lo menos con la complicidad de Flavino Ríos, su sustituto en el cargo como interino. Conforme transcurren sus días como prófugo de la justicia, aparecen más y más propiedades adquiridas con dinero desviado de las participaciones federales para Veracruz y mediante una red de empresas fantasma y testaferros.
Es difícil creer que estos pillos (aún con Padrés en proceso, con Duarte por ser detenido o con el ex gobernador priísta de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de vender a familiares, en precios irrisorios, casi la mitad de las reservas territoriales del estado) vayan a pagar y reparar los daños causados. La razón es simple: políticos y delincuentes de cuello blanco han quedado impunes históricamente. Muchos ni siquiera han pisado la cárcel. Otros han sido o están sometidos a larguísimos procesos de los que finalmente resultan o resultarán exonerados.
La lista es larga y la encabeza un caso emblemático, el de Raúl Salinas de Gortari, acusado de enriquecimiento ilícito por 161 millones de pesos y finalmente exonerado; el del ex director de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin, acusado de fraude por 72 millones de dólares; el del ex director de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, a quien le vendieron la aerolínea a un precio mucho menor que el real, la quebró en su beneficio y sigue prófugo; el de Amado Yáñez, quien asociado con los hijos de Marta Sahagún de Fox en la naviera Oceanografía, presentó documentos falsificados como garantía para un crédito de Banamex; el de Carlos Cabal Peniche, ex dueño de Banca Unión, absuelto de un fraude fiscal de 173 millones de pesos; y los de los también ex banqueros, acusados de fraude, Jorge Lankenau y Ángel Isidoro Rodríguez, quienes tras más de una década de litigios no han sido castigados por la ley.
Da mucha rabia, pero en este país de desigualdades, hay justicia para ricos y justicia para pobres.
INSTANTÁNEAS. 1. ELBA ESTHER. El pleno de la Corte determinará hoy si atrae la solicitud de amparo presentada por Elba Esther Gordillo contra la determinación de no otorgarle el beneficio por edad de la prisión domiciliaria. El planteamiento fue hecho por el ministro José Ramón Cosío.
2. FIRMEZA. El problema es de tal magnitud que al secretario de Salud, José Narro Robles, no le tembló la mano para declarar una emergencia epidemiológica que frene el sobrepeso, la obesidad y la diabetes entre los mexicanos. Es la primera vez que se implementa una emergencia sanitaria por una enfermedad no contagiosa. Narro Robles le da un gran valor a la comunicación con la sociedad mexicana y dice que sin su participación, sería muy complicado revertir la diabetes mellitus que en 2015 cobró la vida de 98 mil 521 mexicanos.
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