El Senado de la República eligió ayer a los siete magistrados que integrarán la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), surgido de igual número de ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia. Sólo uno de esos siete no tiene militancia partidista, tres están vinculados al PAN, uno al PRI, otro al Partido Verde (que es como decir que al tricolor) y uno más al PRD. El Senado cocinó un tribunal electoral a modo.
Este aserto puede sustentarse en por lo menos dos razones sustraídas de los perfiles de los ayer elegidos: No todos son los de mejores credenciales en derecho electoral, ni la mayoría garantiza su absoluta imparcialidad por su clara filiación partidista.
De la primera terna fue elegido José Luis Vargas Valdés, fiscal para Delitos Electorales (Fepade) durante el gobierno de Felipe Calderón. Llegó a ese cargo (2010) con el procurador Arturo Chávez Chávez y fue destituido por la procuradora Marisela Morales Ibañez (2012). La carrera de este maestro en Derecho del ITAM, quien es ahijado político de Santiago Creel, ha estado más vinculada al Cisen. Es muy cercano a María Luisa Calderón. No ha publicado libros en materia de Derecho Electoral. Su filiación es claramente panista.
De la segunda terna fue elegida Mónica Soto Fragoso, ex magistrada de la sala regional del TEPJF. Esta licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara sí ha realizado carrera en materia electoral, aunque no tiene libros publicados sobre el tema. En su elección tuvo todo el apoyo del líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Su filiación es priísta.
De la tercera terna resultó electo Felipe de la Mata Pizaña, también con carrera en materia electoral, con grado de doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y autor de cinco libros. Traía todo el apoyo de la ministra de la Corte, Margarita Luna Ramos y de la procuradora Arely Gómez. Su filiación partidista está con el Partido Verde.
De la cuarta terna surgió Felipe Alfredo Fuentes Barrera, doctor en Derecho por la UNAM, carrera en el Poder Judicial y sin obra publicada en materia electoral. Es el único de los siete elegidos que no tiene una filiación partidista documentada.
De la quinta terna fue elegida Janine Madeleine Otálora Malassis, licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, ex magistrada electoral de la sala regional de la CDMX y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF. Tiene publicado el libro La justicia electoral en Francia. Traía todo el apoyo de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales y de la ex gobernadora de Zacatedas, Amalia García, actual secretaria del Trabajo de la Ciudad de México. Su filiación es perredista.
De la sexta terna quedó Indalfer Infante González, licenciado con carrera en el Poder Judicial y sin obra publicada en materia electoral. Es magistrado de circuito y venía apoyado por el presidente en funciones del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, pero también por el senador perredista Luis Miguel Barbosa. Su filiación al PAN es tan fuerte que para los senadores del blanquiazul su elección era una prioridad. Sin él, decían en las negociaciones, no había acuerdo posible.
Y de la séptima terna resultó electo Reyes Rodríguez Mondragón, maestro en Derecho del ITAM y con experiencia en materia electoral como magistrado de la sala regional de Monterrey. Sin libros publicados sobre el tema, traía todo el apoyo del líder del PAN en el Senado, Roberto Gil Zuarth.
Entre los 21 nombres de las siete ternas había los suficientes para conformar un tribunal electoral especializado que garantizara absoluta imparcialidad, valor superior para dotar de credibilidad y confiabilidad a sus resoluciones, sobre todo después de la crisis poselectoral de las presidenciales de 2006 y los severos cuestionamientos de ilegalidad en las de 2012. Pero hoy como siempre el TEPJF fue negociado por cuotas de partidos, lo que les permite controlar, o por lo menos influir, en las decisiones de ese órgano inapelable en materia electoral.
INSTANTÁNEA. EXTRADICIÓN. Finalmente se conoció ayer la determinación del juez federal décimo tercero de negar a Joaquín Guzmán Loera dos amparos contra su extradición. Aquí le informé que la audiencia constitucional se llevó a cabo el 26 de septiembre. Los abogados de El Chapo apelarán la decisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal. Su fallo, definitivo e inapelable, se conocerá en no menos de tres meses. De ahí que el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, haya declarado en días pasados que la extradición a Estados Unidos del narcotraficante ocurrirá en enero o febrero del año entrante. Confía en que los magistrados avalen la extradición.
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