Los centros de detención de migrantes en Estados Unidos no son prisiones, pero se parecen mucho. Una de las prioridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es la captura de extranjeros ilegales. La consideran un aspecto clave en la protección de la seguridad pública. Esta oficina asegura que cumple con los estándares internacionales y otorga condiciones de vida apropiada a los detenidos. Quienes han estado ahí, contradicen esta aseveración. Hay testimonios de la brutalidad de los agentes en contra de los migrantes: aislamientos, torturas y hasta asesinatos a golpes.

Casi todos estos centros están a lo largo de la frontera con México, pero en cada estado de la Unión Americana hay al menos uno. Los internos suelen ser transferidos entre las diversas instalaciones, lo que dificulta las visitas familiares y el seguimiento de los procesos. Hay quejas entre los enfermos y adultos mayores por falta de atención médica.

Existen también señalamientos por acoso y abuso sexual. Ni los menores se salvan. En 2013, el diario Houston Chronicle obtuvo, gracias a la ley de libertad de información, reportes del gobierno sobre los atropellos del personal de estos centros: besos, toqueteos y hasta relaciones sexuales con adolescentes migrantes en instalaciones de Illinois, Florida, Nueva York y otros estados. Niños bajo custodia de la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) en Texas, contaron cómo los patearon, golpearon y los hostigaron sexualmente. Ninguno se había atrevido a denunciar porque existía la amenaza permanente de ser deportados.

En 2015 se utilizaron 637 centros, la mayoría manejados por empresas privadas. Esto quiere decir que, mientras más tiempo permanezca una persona indocumentada en ellos, mejor el negocio para los inversionistas.  Los detenidos representan además una fuerza laboral a muy bajo costo. Esta semana, más de 400 internos hicieron una huelga de hambre en el centro de detención de Tacoma en Washington. Pedían un aumento en la “compensación” por su trabajo durante la detención. Les dan un dólar por un día.  En 2016 había casi 500 mil casos pendientes en tribunales, por lo que hay quienes pasan hasta tres años privados de su libertad antes de poder presentarse ante un juez. Mientras tanto, hay quienes se enriquecen con esa espera.

HUERFANITO. La estancia irregular o indocumentada en México es considerada una falta administrativa, no un delito. Los migrantes tienen aquí, no solo el derecho de hacer llamadas y recibir apoyo consular luego de ser detenidos, pueden también pedir apoyo médico o psicológico.  ¿Realmente ocurre eso en las estaciones migratorias de nuestro país?

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado muchas arbitrariedades y tratos degradantes contra extranjeros por parte de agentes migratorios mexicanos.

La paja en el ojo ajeno.

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