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La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en un dilema que tendrá su desenlace el próximo lunes. Cuando emita su sentencia sobre la inconstitucionalidad del Artículo Tercero de la Ley del Derecho de Réplica, en el que se prevé que cualquier persona que se sienta agraviada por información inexacta o falsa difundida en medios, podrá demandar judicialmente a sus autores, se verá en favor de quién está y marcará un hito para mejor o para peor en este país.
Las opciones que tiene son: una de orden general, que es la de salvaguardar los derechos de la ciudadanía a estar informada, la libertad de opinar de periodistas y medios de comunicación, y la democracia; otra, de orden cuasi particular, silenciando a la prensa. Con esta protegerá a todo tipo de criminales del y con poder, quienes atentan en todas las formas contra el orden establecido y les incomoda ser cuestionados.
Si los ministros son capaces de distinguir la importancia entre el todo y la parte, se esperaría que no dudaran en decidir por la mayoría de la sociedad, rechazando la absurda pretensión de embozalar el pensamiento y las voces que se levantan contra el oleaje de corrupción, ilegalidad e impunidad que envuelven a México. En estas aberraciones es donde se halla la fuente de la crítica. Y es la que se quiere cerrar.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD, Morena y la CNDH contra la Ley del Derecho de Réplica, ha sido considerada socialmente improcedente, tomando en cuenta que debe permitir el libre ejercicio del escrutinio y la crítica hacia los actores públicos y sus acciones.
Decenas de especialistas, académicos y agrupaciones periodísticas, han pugnado porque este ejercicio se mantenga intocado. Su abierto rechazo a todo intento de limitarlo mediante el amago de una sanción, no parará en ningún caso. La defensa de ese principio debe ser inagotable, permanente.
En todo sistema democrático, los actores públicos son el objeto esencial, permanente y prácticamente único de los medios de comunicación, pues son quienes asumen decisiones que atañen a todos. En consecuencia, deben ser ampliamente difundidas, conocidas, analizadas y cuestionadas. Si conllevan un yerro o un riesgo capaz de afectar a los integrantes de la comunidad, la rectificación tiene que ser obligada. Una de las funciones esenciales de los medios es pugnar por eso. Para eso existen. En eso basan la legitimidad de su existencia.
Los ciudadanos, en general, muy pocas veces son materia de señalamientos. Los que se mueven en el mundo de la farándula, se atienen a la reglas de su propio universo. Los particulares no pueden ni deben servir de mascarada para tender un manto de protección sobre agentes públicos; menos aún, cuando incurran en faltas que lastiman a todos.
En esta tarea, aún con los riesgos de algunos excesos, ni medios ni periodistas pueden ser acallados, restringidos ni sancionados. Hacerlo se traduciría en un cambio de forma de gobierno. La mudanza se daría de la supuesta democracia en que vivimos, a la tiranía que no pocos anhelan. Aquélla lo permite todo; ésta lo asfixia todo. ¿Qué quieren los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Firmada por Agustín Basave, ex líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, y el ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez, la apelación contra la Ley de Réplica no sólo no debería haberse sometido al análisis del tribunal constitucional; debió ser rechazada por clara y obvia improcedencia, asumiendo que sus integrantes tutelan los derechos comunes y defienden condiciones indispensables del régimen popular.
El planteamiento de la inconstitucionalidad de la Ley de Réplica que argumentan unos “demócratas” establece que si el medio o periodista se niegan a publicar la réplica solicitada, el aludido puede iniciar un proceso judicial y la demanda procedería sin importar que la información que se haga pública sea verídica. Poner esa guadaña sobre alguna cabeza es simplemente inaceptable.
Los delincuentes públicos y privados litigarían todo lo que se diga de ellos. ¿Es lo que se quiere para que se descaren más en su rabiosa rapacidad? Nadie podría mencionarlos. La invisibilidad y la intocabilidad es lo último que no debe proteger a quienes gobiernan. La exposición y la tolerancia es lo que más debe caracterizarlos.
Sólo por eso, una libertad fundamental no puede sucumbir ante ningún interés o beneficio de algunos. Mucho menos, ante la ceguera de quienes se supone que encarnan una ilustración que está al servicio de la Nación.
SOTTO VOCE… Hoy toman posesión de sus cargos los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su primer gran reto para ganar credibilidad será quedar muy bien en las elecciones de gobernador en el Estado de México, Nayarit, Coahuila, y de más de 200 alcaldes en Veracruz. De eso dependerá su confiabilidad para la disputa de la Presidencia en 2018… Admirable y loable la reestructura financiera que anunció el director de Pemex, José Antonio González Anaya. Una muestra más de su preparación, eficiencia y eficacia.
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@mariobeteta
