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#LaVozDeLosExpertos
Los gobiernos han convertido a Internet en un complejo sistema de vigilancia al detalle. El panóptico perfecto. Al amparo de un nacionalismo exacerbado y ramplón, amén de la recurrente explotación discursiva del imaginario terrorista, no pocos gobiernos pretenden justificar la interceptación “táctica” de todos los metadatos en Internet de los ciudadanos.
La clase política ha pretendido despojar a la ciudadanía de la gobernanza profunda de Internet. El razonamiento resulta tan elemental como efectivo: cuanto más vigilancia tengas, mayor control tendrás.
No pocos gobiernos se han abrogado la facultad de poder vigilar a los ciudadanos en Internet. Un asunto de seguridad nacional —pregonan insistentemente—. En cambio, los ciudadanos no pueden exigir a los gobiernos el transparentar sus acciones y exigirles la indispensable rendición de cuentas en sus actos. La asimetría resultante precisamente responde a las exigencias de sometimiento.
Para afirmar la vigencia de tal asimetría, las clases políticas y poderosos sectores empresariales impulsan determinadas iniciativas destinadas a censurar Internet. Un ejemplo de ello, el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA), así como el Acta de cese a la piratería en línea (SOPA).
En México algunos políticos buscaron replicar las referidas iniciativas, destacando la llamada “Ley Döring”, que presentó Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN) en diciembre de 2011; la llamada “Ley Fayad” (Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos), que en octubre de 2015 presentó Omar Fayad, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la cual pretendía ser criminalizado el uso de Internet.
En alguna ocasión Julian Assange, fundador de WikiLeaks, afirmó que históricamente los periodistas habían hecho muy poco por obligar a los gobiernos a transparentar sus acciones y obligarles a emprender la rendición de cuentas de sus actos. Por ello, afirmó Assange, fue concebido WikiLeaks.
En un hecho sin precedentes en la historia del periodismo, un grupo de periodistas de investigación que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), publicó el domingo 3 de abril una serie de documentos confidenciales de la firma panameña Mossack-Fonseca, revelando la existencia de algunos paraísos fiscales utilizados por empresarios, políticos, reconocidas celebridades del mundo del espectáculo y los deportes, así como presuntos líderes del crimen organizado (véase el sitio: https://panamapapers.icij.org/).
Los 11.5 millones de documentos que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICDJ), dan cuenta de la existencia de una red clandestina internacional dedicada al lavado de dinero en diversos paraísos fiscales, revelando, de facto, la presencia oculta de un sistema financiero internacional alternativo: la verdadera economía profunda: “Donde pones tu dinero, pones tu poder”, sentenció Assange.
Los documentos filtrados fueron proporcionados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, el cual decidió compartirlos con ICIJ a través de 110 medios en el mundo. En México el semanario Proceso y Aristegui Noticias fueron los únicos medios convocados por ICIJ para participar en esta gran investigación internacional.
La revelación de los Panamá Papers definitivamente dignifica al periodismo y empodera a la ciudadanía. Si los gobiernos emprenden la vigilancia al detalle de los ciudadanos, los ciudadanos legítimamente pueden vigilar las acciones de sus gobiernos y obligarles a rendir cuentas. En ello el periodista observa un rol de enorme trascendencia histórica.
